Pobreza y dispendio / Sanciones como armas de guerra, ni humanas ni efectivas

Comentarios del día

28 de agosto de 2017

Aquí pondré algunos comentarios respecto a las noticias de hoy. Esto no es un periódico ni pretende mantener actualizados a sus lectores, sino exponer mi opinión respecto a lo que leo en los periódicos, a fin de que el mundo no gire inadvertidamente bajo mis pies. Si alguien quiere unírseme en dudar e indagar, reciba un abrazo fraterno y mucha congenialidad.

Pobreza y dispendio

Planilla de ayuda gubernamental

Puede leerse en el siguiente artículo de Diario Libre, “El riesgo de la ‘solidaridad’ del gobierno” que los programas de asistencia social del gobierno tienen 5 millones 668,096 personas como beneficiarios, es decir, que de una población de 9 millones 445,281 según el último censo en 2010, en República Dominicana, más de la mitad de la población es tan pobre que sin asistencia del gobierno no pudiera cubrir todos los gastos necesarios para sobrevivir con cierto nivel de dignidad.

Los programas fueron justamente criticados, no por sus efectos en la vida de la población, que son sumamente positivos y necesarios. Los gobiernos existen legítimamente sólo en el caso de que protejan a las personas y cuando de proteger a las personas se trata, es justo que los más vulnerables reciban el mayor grado de protección, en este caso, contra el hambre, la insalubridad y la indignidad. Las críticas se centraron, más bien, en la estructura clientelar de los programas, los cuales parecen diseñados para revictimizar a las personas, impidiendo su salida de la pobreza y, consecuentemente, su liberación de la dependencia de quienes administran estos y otros programas.

Exactamente de qué manera estos programas podrían lograr tal fin es algo que no soy capaz de contestar, pero sospecho que harían falta dos cosas: 1) Aumentar el tamaño de las transferencias, de modo que no sean migajas las que se repartan, sino peldaños sobre los cuales la gente pueda ciertamente escapar de la inseguridad de no saber que le traerá el día de mañana; y 2) enfocar la inversión del gobierno (que es sustancial) hacia proyectos que creen empleos con salarios dignos. Sería muy interesante ver exactamente cuánto de salario reciben las personas que trabajan en los proyectos del gobierno. Por ejemplo, si se construye una escuela, ciertamente se crean trabajos para obreros, pintores, ebanistas, cocineros, etc. ¿No sería una productiva política del gobierno que éste condicione la asignación de las obras a que los trabajadores ganen un sueldo superior al que actualmente consiguen en el precario mercado laboral?, repartiendo la ganancia entre el dueño de la obra y los obreros de manera más equitativa. Ciertamente esto ni atentaría contra la libertad de empresa (pues sólo los proyectos públicos tendrían esta condición), ni aumentaría el precio de las obras (protegiendo la eficiencia costo-beneficio para el presupuesto nacional), ni eliminaría el atractivo de convertirse en ser contratista del Estado (que es el mayor actor económico del país). Noten que no se trata de un aumento de los salarios de empleados públicos, sino de una distribución de las utilidades que las obras financiadas por el Estado dejan en bolsillos privados, a fines de alcanzar por esta vía a mayores sectores de la población. Esta es sólo una opinión, de la cual me gustaría escuchar comentarios.

Por otra parte, aparentemente, el gasto gubernamental va en aumento para fines de nómina y servicio de la deuda externa. Esta última categoría ocupa actualmente el 15.3% del presupuesto nacional, según este artículo. La pregunta es, ¿si los programas de asistencia social no están siendo usados hoy por hoy para sacar a la gente de la pobreza, que va a pasar cuando se acabe el dinero? O la gente simplemente se quedará sin asistencia social o el gobierno se verá obligado a dañar su buen crédito internacional no pagando sus deudas? Ninguno de los dos pronósticos parece aceptable, especialmente si podemos prever el problema con suficiente tiempo para contrarrestarlo primero, cambiando las políticas sociales y segundo, reduciendo nuestra dependencia en fondos internacionales para desarrollarnos.

Sanciones como armas de guerra, ni humanas ni efectivas

Ciudadanos venezolanos en ejercicios militares

El viernes 25 de julio de 2017, el gobierno de Trump impuso mediante decreto (verlo aquí) sanciones financieras contra el Estado venezolano. Las sanciones impiden que ninguna persona o entidad residente en los Estados Unidos, así como ciudadanos estadounidenses o compañías incorporadas bajo sus leyes, puedan adquirir deuda emitida por el gobierno venezolano con madurez superior a los 30 días, así como pagar dividendos al Estado venezolano o comprar acciones de compañías estatales de ese país. Puede leerse en este artículo que como respuesta el gobierno de Maduro ha llamado a movilizaciones militares y ciudadanas, pero armadas, en todo el país, a fin de mostrar la capacidad de defensa venezolana y preparar a las personas para una posible invasión. La oposición venezolana, según el mismo artículo, se ha mostrado a favor de dichas sanciones, pero las preguntas son dos y una:

1. ¿Qué buscan las sanciones? El decreto dice que las sanciones son respuesta a la crisis de derechos fundamentales en Venezuela, la crisis humanitaria, el usurpamiento del poder democráticamente electo a favor de una Asamblea Constituyente ilegítima, la corrupción rampante y la violencia contra la oposición, pero lo que no dice es que debe hacer el gobierno de Venezuela para retirar las sanciones. Pudieran ser cosas muy como sentarse sinceramente en la mesa de conciliación o incluso renunciar al poder. Esto no es lo importante sino que...

2. Sea cual sea, la respuesta a la pregunta anterior, ¿tiene Estados Unidos derecho a imponer dichas sanciones para buscar cualquier fin? La respuesta es claramente no. Es un principio universalmente reconocido del Derecho Internacional Público que ni los Estados ni las Naciones Unidas tienen derecho a intervenir en los asuntos internos de los demás Estados. Esto está estipulado en el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, así como en los artículos 2.b, 19 y 20 de la Carta de la OEA y ciertamente cortar los fondos económicos de Venezuela a fin de hacer directa o indirectamente que ésta cambie su gobierno, es una clara intervención y por ende, una violación al derecho.

Esto no significa que cuando existan crisis como la de Venezuela, muy severa y con pérdidas de vidas humanas, el mundo deba quedarse de brazos cruzados. Venezuela es miembro de las Naciones Unidas y por lo tanto dió su consentimiento a los artículos 41 y 42 de su Carta, los cuales autorizan al Consejo de Seguridad a tomar cualquier medida necesaria para restaurar el orden internacional y nacional. Igualmente, Venezuela es miembro de la OEA y dió su consentimiento a los artículos 24 y siguientes de la Carta que establecen un régimen de negociación pacífica de controversias.

En vista de todo lo anterior, es obvio que unas sanciones económicas tendentes únicamente a desprestigiar y debilitar el gobierno de Maduro a fin de que la oposición gane suficiente fuerza para derribarlo, sea por las urnas, o fuera de ellas (como pasó en Chile después que las sanciones norteamericanas impidieron al país obtener fondos para desarrollar su economía), es una violación al derecho internacional. Los únicos mecanismos de actuación legítimos y posiblemente, efectivos para solucionar la crisis Venezolana y cualquier otra crisis, son los establecidos por las organizaciones regionales e internacionales de las cuales un Estado es miembro, donde la multiplicidad de actores sirve como barrera a que la agresión de un Estado en particular, sobre todo los más poderosos, pueda generar cambios en un país en desfavorecimiento de su población y en favor de los intereses particulares del país interventor, como ha pasado tantas veces, desde que el inicio de las políticas imperiales (España, Francia, Inglaterra, Rusia, Japón y Estados Unidos)..

La siguiente pregunta, independientemente de si consideramos las sanciones como una intervención legítima, lo cual sólo concedemos en caso de ser impuestas por un organismo internacional del cual el Estado es miembro, debemos preguntarnos con sinceridad, ¿son las sanciones efectivas?

En nuestra limitada experiencia y conocimiento podemos recordar el caso de sanciones económicas notorias. Por ejemplo:

• El embargo a Cuba a fin de obligar a los Castros a dejar el gobierno, ha fortalecido a los Castro y ha mantenido a la población cubana en pobreza y hambre por décadas, especialmente desde que el desmoronamiento de la Unión Soviética detuvo el apoyo económico que Cuba necesitaba para desarrollarse, apoyo que no sólo le fue negado por el país rico más cercano, sino que el mismo boicoteó cualquier clase de ayuda proveniente de países aledaños.

• Las sanciones económicas a Irak después de la Guerra del Golfo, la cuales se estiman que causaron la muerte de hasta 880,000 niños, según este artículo del Guardian y que igualmente fortalecieron al dictador porque la gente, para sobrevivir la pobreza, tuvo que apoyarse en él, lo que igualmente le permitió eliminar a la oposición democrática de su país que quedó muy debilitada. El programa fue tan escandalosamente perverso que sus dos directores renunciaron después de ver el rastro de cadáveres que producía, según este artículo.

• Iran. Las sanciones financieras impuestas a fin de evitar que Irán desarrolle capacidades nucleares, no han hecho más que aumentar la fuerza de los clérigos radicales que se oponen al presidente Rouhani, cerrar el país a relaciones internacionales enriquecedoras para sus habitantes y disminuir las potencialidades del país para adquirir bienes y servicios. Esto, igual que en Irak, ha debilitado a la oposición democrática y abierta al mundo que cada vez encuentra más razones en creer que existe una cruzada contra el mundo islámico como tal en lugar de un esfuerzo para promover democracia. Mi apoyo viene de este artículo.

• Rusia. Según este artículo de SImon Jenkins, incluso los analistas más conservadores consideran que la popularidad de Putin nunca ha sido tan elevada como ahora que a causa de las sanciones de la Unión Europea, la mayoría de rusos se consideran justificados en su anexión a Crimea.

En general, el mismo artículo de Jenkins (sin relación al de la oreja, creo) concluye que en general las sanciones no debilitan a los gobiernos contra las cuales se dirigen, sino que afectan a la población, fomentan los mercados negros de productos y divisas donde las élites ligadas a los gobiernos hacen aún más dinero, motivan a la población a acercarse a los gobiernos por necesidad o sentimiento de patriotismo y disminuyen las posibilidades del desarrollo de una oposición democrática que pueda realizar un cambio de gobierno según el sentir de la mayoría de la población, en lugar de los elementos más violentos y autoritarios que son los que llevan a cabo los golpes de Estado.

Entonces, un activista responsable y a quien le importe la gente y respete el derecho no puede de ninguna manera apoyar sanciones económicas contra Venezuela ni ningún otro mecanismo que pretenda por fuerza física o estrangulamiento económico llevar a un cambio de gobierno. Eso es algo que sólo los Venezolanos pueden decidir por ellos mismos y a llegar a esa decisión sólo podemos ayudarlos fortalecimiento los mecanismos de integración regional o internacional. Lo que asumo que la gente de Venezuela quiere democracia, no hambre ni guerra.