REFORMA FISCAL ¿INTEGRAL?
Esta es una misiva
a todos los dominicanos con el objetivo de motivar la reflexión sobre el
momento histórico que estamos viviendo en nuestra sociedad virtud de la mal
llamada “reforma” tributaria. No podemos dejarnos engañar por promesas o “datos”
económicos, los cuales siempre son manipulados. La verdad sobre la “reforma”
fiscal es que se nos prometió una reforma fiscal INTEGRAL, pero nos fue
ofertado un simple proyecto de aumento impositivo. Ante esta decepción, sólo
una idea tiene cabida: los dominicanos
no podemos permitir la exacción de un centavo más de lo producido por nuestro
trabajo hasta que el gobierno concierte con nosotros una reforma integral del
gasto público, incluyendo los salarios públicos.
Como entusiastas
del derecho tributario es nuestro deseo y deber plantearles a todos los
hermanos y hermanas dominicanos algunas sentencias sobre el proyecto que ha
salido de las filas del gobierno y su equipo económico, el cual puede ser catalogado
de “irresponsable”. El esquema a seguir en este escrito será el siguiente: 1)
Expondremos las falacias en las cuales el gobierno justifica el aumento de los
impuestos; 2) Analizaremos los principales gravámenes que el proyecto
gubernamental propone; 3) Desarrollaremos algunas ideas propias: a) La idea de
que si bien es necesaria una reforma, es una reforma integral de todo el sector
público lo que deseamos; y b) propuestas personales para esa reforma del sector
público, propuestas que opinamos, el gobierno no ha querido hacer por miedo, vituperio
o desinterés.
Antes de proceder,
aclaramos que el presente análisis es fruto de una lectura conciente del
proyecto de reforma presentado por el gobierno el 4 de octubre llamado “Propuesta
para discusión: Componente Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del
Estado para el Desarrollo Sostenido”, así como una recopilación de ideas
provenientes de diversos artículos de la prensa nacional. Al día de hoy, 12 de
octubre, ya ha sido revelado que el déficit enfrentado por la República Dominicana
es de 187 mil millones de pesos, el más grande y preocupante en toda su
historia. Las causas de ese déficit han sido explicadas a medias y serán
abordadas en párrafos posteriores.
Las 4 mentiras
El gobierno
fundamenta la necesidad de la reforma fiscal en cuatro postulados falaces que
si bien representan realidades tangibles, no suceden tal como el gobierno las
quiere plantear. Como ciudadanos concientes nos corresponde, más que decir NO A
LA REFORMA, decir, “la reforma no procede porque no se han discutido las
razones en las cuales se fundamenta”:
1-“El gobierno necesita más dinero para alcanzar el 4%
para la educación”.
Esta es una cruzada
noble para la cual todos estamos conscientes de que se requiere un sacrificio
enorme y debemos reconocer los esfuerzos presupuestarios que se han llevado a
cabo para lograrla. De acuerdo a la prensa nacional, parece ser que el gobierno
ha venido asignando muchos más recursos cada año a la educación
preuniversitaria desde que iniciara el movimiento amarillo: 1.637 millones de
dólares, equivalentes al 15.3% del gasto público, fueron presupuestados este
año. No obstante, la cifra apenas alcanza un 3% del PIB, por lo que el gobierno
sigue lejos de cumplir el mandato de la ley (la ley de educación plantea que
debe invertirse el que sea más alto de los dos: o 16% del gasto público o 4%
del PIB). Debe resaltarse, además, que gran parte del dinero hasta hoy
invertido va a “obras” o gastos de capital, cuando el artículo 198 de la ley
66-97 establece que el 80% del gasto en educación debe ser corriente, es decir,
inversión en maestros, libros, programas especiales, etc. Deben inspeccionarse
detalladamente los gastos de capital en consideración a la fuerte sospecha que
existe en nuestro país de que los contratistas del gobierno suelen sobrevalorar
sus obras entre 20 y 25%.
De antemano debemos
aclarar que este no pretende ser un artículo sobre las bondades o maldades de
la educación, sino uno que desmienta al 4% como raison d’ etre de la reforma. El alegato de nuestro gobierno parece
ser que debido a que tiene gastos importantes, simplemente no puede colocar 4%
del PIB en educación, por lo que su tarea es recaudar más a fin de poder cubrir
sus demás gastos, e invertir en educación libremente. Esto se desmorona por dos
razones:
1-
La primera es que si lo que se
requiere es un porcentaje (4%) y no un monto específico, al gobierno no le valen
excusas, simplemente debe retirar el dinero de otros sectores y transferirlo a
educación, para cumplir el mandato de la ley, proponiendo nosotros que lo
retire de los numerosos sectores infuncionales que mantiene, como INESPRE, la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, El Consejo Estatal del Azúcar,
La Comisión de Reforma a la Empresa Pública, la Liga Municipal, etc.
2-
Si en verdad hace falta dinero
específicamente para educación, ¿por qué no se establecen contribuciones atadas
a fin de recaudar solamente para este sector, en lugar de aumentar las arcas
del gobierno en general? Si el gobierno recauda 100 e invierte 8, la inversión
es de 8%, pero si llegase a recaudar 200 e invirtiera 16, seguiría invirtiendo
solamente 8%, por lo que el gobierno tendría que invertir 32 para llegar al
16%. En ese caso, si se aumentan las recaudaciones en general, ¿qué pasa con el
dinero recaudado en virtud de la reforma que no va directamente a educación?, que
en nuestro ejemplo serian 76 pesos. No existe plan para gastarlo ni razón para
recaudarlo, por lo tanto, no es necesario. No podemos fiarnos de la palabra de
un gobierno con un mes en el poder. El partido que actualmente controla el
Poder Ejecutivo, también controla las dos cámaras del Congreso; si en verdad se
hace imposible cumplir la ley de educación, ¿por qué no la cambian? Algunos dirían
que porque les sirve de excusa para seguir aumentando la carga tributaria. Sea
cual sea la razón, a 15 años de la ley 66-97, no deberían quedar más excusas.
2-“La República Dominicana goza de muy baja presión
tributaria, esta debe aumentar a un nivel equiparable con los de la región para
propiciar una economía más sana”
La presión
tributaria en RD es actualmente un 13% (dato oficial, pero CIA World Factbook
la coloca en 14.1%, aunque sigue siendo una de las más bajas del mundo). El
gobierno quisiera aumentarla a 20%, para ir a la par con diversos países de la región
(en países desarrollados la presión oscila entre 30 y 40%), pero por el momento
se conforma con un 15%. Su argumento es que los dominicanos la tenemos bien
fácil porque tenemos baja presión tributaria. Ante ese argumento, muchos alegarían
que no nos corresponde pagar impuestos a nivel de países ricos, especialmente
porque nuestras contribuciones nunca repercuten en beneficio de la población y
debemos incurrir en gastos extra para asegurar energía, agua, seguridad,
educación, salud, transporte, etc. Lo cierto es que estos argumentos son
innecesarios ya que aquello de la baja presión tributaria es una tergiversación
de los datos (una mentira, en otras
palabras). Nos explayamos: La presión tributaria se calcula de
esta manera: PT= PIB ÷ ingresos
recibidos por el gobierno en razón de impuestos internos. En otras palabras,
la Presión Tributaria mide cuanto aportan los ciudadanos al Estado en
comparación con el PIB, lo que permite determinar si los agentes económicos
están contribuyendo en razón de sus ganancias; esta es la razón por la cual el
presidente Fernández dijo que el gobierno se había quedado pequeño en
comparación con la economía. No obstante, nuestra propuesta es que este dato,
si bien es cierto, a) no es culpa de la población y ésta no debe cargar con la
solución, b) el PIB es calculado de una forma tal que esconde la realidad
tributaria de la mayoría de dominicanos, que sí están sometidos a alta
tributación.
1-
Las principales tasas de impuestos
en República Dominicana son: 29% de Impuesto sobre la Renta (ISR), 16% de
Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), 1%
de Impuesto sobre los Activos (ISA), diversas tasas entre el 7 y el 16% de
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), 1% de Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria
y 3% sobre Sucesiones o sobre transferencias Inmobiliarias. Dicho esto, la
presión tributaria se calcula en base al PIB, tomando en cuenta no la tasa de impuesto contenida en la
ley, sino la cantidad de dinero efectivamente recaudada, por lo que cuando hay mucha
evasión, la presión tributaria baja.
En ese entendido, el gobierno propone aumentar los impuestos a sectores que no
evaden (o que les es imposible evadir, por ejemplo, los consumidores de
productos no pueden evadir el ITBIS de ninguna forma, porque viene siempre
aparejado con el precio, ni los ahorrantes, porque el banco les retendría de
sus intereses, etc.) para compensar por la evasión, obligando a pagar más a los
que siempre pagan. Esta historia de nunca acabar constituye la mayor injusticia
que nuestro gobierno quiere cometer contra sus propios habitantes y, a riesgo
de levantar sospechas, vale la pena preguntarse, si las fortunas millonarias
declaradas por varios funcionarios han pagado los debidos impuestos durante su
proceso de formación.
2-
El PIB es calculado según la
siguiente formula: P= C+I+E+G o mejor
dicho PIB= Gastos de los consumidores+
Inversiones hechas en el país+ Exceso en las exportaciones (superávit en la
balanza de pagos) + Gastos del gobierno. Todos estos elementos arrojan una
luz negativa sobre el cálculo del PIB y la efectividad de la presión
tributaria. Primero, los grandes consumidores, en un país sin ingresos y
contaminado por la evasión, el lavado y la corrupción administrativa, crean una
percepción falsa de alto consumo, cuando la mayoría de la población subsiste
con menos de RD$ 10,000.00 al mes. Segundo, los gastos del gobierno, que
incluso el subdirector del FMI para el Hemisferio Occidental, Miguel Savastano,
calificó como superiores a lo que recomendable, generan una distorsión a la
hora de calcular la presión tributaria porque aumentan el PIB, pero no pagan
impuestos. Tercero, además, renglones importantes como el turismo, la zona
franca y empresas acogidas a leyes de incentivo, la minería, el transporte, la
educación, la salud y los bienes agrícolas (estos cuatro últimos no pagan
ITBIS), etc., todos aumentan el PIB,
pero ninguno paga impuestos, o pagan muy poco. De hecho, en un estudio del 2009
titulado “Evolución de la Presión
Tributaria: El impacto de las reformas tributarias y de la crisis mundial”,
la DGII admite el divorcio entre PIB y la recaudación. Por ejemplo, el
combustible salido de REFIDOMSA en el 2008 representó el 0.2% del PIB, pero el
14% de las recaudaciones. Por otra parte, las exportaciones de azúcar representaron
el 7.7% del PIB, mientras contribuyeron solamente el 0.4% de las recaudaciones
(las exportaciones tampoco pagan ITBIS). El ejemplo más claro es el del
comercio, que representó el 8.5% del PIB, pero el 23.8% de las recaudaciones.
Si analizamos bien esta realidad, veremos como el gobierno pretende aumentar
impuestos en base a la siguiente premisa: “El país produce 100 y se recaudan
13, por ende, la presión tributaria es poca”, cuando en realidad lo que sucede
es que los contribuyentes producen una parte mínima, digamos 40 y pagan 13
(equivalente al 32%) y los sectores exentos (incluyendo gobierno) gastan y
producen 60, pero contribuyen 0, desvirtuando las estadísticas. Esto no quiere
decir que los sectores exentos sean responsables del debacle fiscal, sino que
la presión tributaria arroja una conclusión desembarazada de la realidad.
3-
Por último, en la República
Dominicana, según el artículo 296 del Código Tributario, las personas físicas
gozan de una exención contributiva según la cual si ganan menos de RD$ 400,000.00
al año, no deben pagar impuestos sobre la renta. Ya que RD$ 400,000.00 al año
equivale a RD$ 33,000.00 al mes y como se estima que el 35% de la población
dominicana vive bajo la línea de la pobreza, no es una sorpresa que no muchos
dominicanos paguen impuestos, ya que simplemente ganan demasiado poco. En una
charla impartida el 11 de octubre en la Cámara de Comercio de Santiago, el
economista Henri Hebrard establecía que el Impuesto Sobre la Renta representa
el 25% de las recaudaciones tributarias, pero que el 85% de los dominicanos
económicamente activos no gana lo suficiente para tener el privilegio de pagar
este impuesto, razón por la cual parece que pocos dominicanos contribuyen,
cuando lo cierto es que auténticamente no están en condiciones de contribuir.
Para expandir
nuestra reflexión, según estos datos, podemos concluir que el ISR es una
contribución sustanciosa sufragada únicamente por las clases más favorecidas,
por lo que puede incluso decirse que es un impuesto justo, al tomar de los que
tienen capacidad para dar. No obstante, la “reforma” fiscal pretende gravar más
los productos de consumo necesarios, con un mayor ITBIS y un mayor número de
productos gravados. Esto elevará necesariamente el costo de vivir (alimentarse,
vestirse, alojarse, ahorrar…), repercutiendo en todos los estamentos de la
sociedad. Bajo estas condiciones, será todavía más difícil iniciar un negocio o
producir dinero, por lo que se reducirá la inversión, la generación de empleo y
los ingresos de la población, lo que se traducirá en dos cosas: a) el dinero
recaudado también disminuirá y 2) la población perderá su seguridad económica y
tendrá que gastar más de su dinero en simplemente vivir, perdiendo sus pocos
“gustos” (beber alcohol, viajar, comprar ropa de marca), todo lo cual fomentará
el descontento social, la violencia y la apatía.
3- “El gobierno tiene un déficit, para este año, de más
de 58 mil millones de pesos, por lo que estamos dispuestos a negociar la forma,
pero debemos recaudar esos montos”.
El gobierno
atribuye ese déficit a los subsidios (12 mil millones de pesos), a la
amortización de la deuda publica y al déficit cuasi fiscal (deuda del Banco
Central) del año 2002, pero lo cierto es que no existe tal déficit. Nos explicamos: El gobierno elabora
presupuestos cada año considerando lo que va a gastar y de donde lo va a cubrir
y siempre, igual que en muchos hogares dominicanos, calcula un déficit
operacional manejable (dinero que “hay” que gastar, pero no se tiene) que puede
luego compensar endeudándose o emitiendo bonos soberanos. El presupuesto para
el 2012 contemplaba un déficit de 22 mil millones de pesos, pero los gastos
programados ya eran de por sí 40 mil millones de pesos mayores a los
presupuestado para el año anterior (390 mil millones en 2011 y 430 mil millones
en 2012). Al final, como dijo el Ministro de Economía, “no se recaudó lo que se
esperaba”, pero tampoco se gastó lo que se esperaba, ya que como revelan los
datos proporcionados esta semana, el déficit del año 2012 ascendió a 187 mil
millones de pesos, 8.5 veces más que lo contemplaba el artículo 3 de la Ley
294-11[1]
de presupuesto para el 2012.
En conclusión, sí
existe un déficit que los dominicanos debemos cubrir, el déficit contemplado en
la ley de presupuesto nacional, no el descalabro actual cuyas causas el
gobierno central no ha compartido en su totalidad, aunque bien puede
sospecharse que se originó en ocasión de la campaña electoral y el inmenso programa
de obras que coincidió con el cierre de esta misma, obras que, como se
recordará, fueron inauguradas sin estar en condiciones para funcionar. Ahora el
gobierno pretende desbancar los bolsillos de la población para cubrir un déficit
no admitido por nuestros legisladores, pero los dominicanos no podemos consentir el aumento de un
sólo por ciento de nuestros impuestos hasta que los sectores “deficitarios” del
gobierno sean revisados para que dejen de ser “barriles sin fondo”. Entre estos
“barriles” resaltan el sector eléctrico, el de transporte público, las obras
públicas y los salarios de los funcionarios.
4-“La reforma tributaria es necesaria para sostener el
programa del gasto social del gobierno”.
Nuestro presidente
alega que requiere el dinero para continuar el amplio programa social del
gobierno. De hecho, sin el aumento solicitado, el gobierno no tendría más que
quedarse “de brazos cruzados”, según el presidente Medina. La respuesta de la
población no se ha hecho esperar, en ambos lados, demostrando un gran abismo
entre las dos clases económicas, los que necesitan y el gobierno se apoya en su
necesidad y los que tienen y no quieren ser despojados de lo suyo. Este es un
punto sociológico sobre el cual volveremos más tarde.
El gasto social, si
bien suena como algo muy noble, en nuestro país no deja de ser nefasto por dos
razones: a) El partido de gobierno ha repartido el dinero de los contribuyentes
a título personal para acrecentar sus propias figuras (y algunos dirían que
también sus propias fortunas) como si el dinero aportado por nosotros fuera de
su patrimonio particular; b) todavía no existe prueba de un solo dominicano que
haya salido de la pobreza gracias al plan social del gobierno, ya que éste se
administra con miras a solucionar momentáneamente la necesidades que el propio
gobierno provoca con su mala gestión.
Los opositores a la
reforma podemos ser llamados indolentes, avariciosos o irresponsables por no
querer contribuir con el desarrollo del país y con los “pobres”. Eso puede ser
manipulado por la opinión pública para causar resentimiento social, algo muy útil
para una campaña demagógica: ¿Por qué el carro de lujo paga la misma matrícula
que el carro económico? ¿Por qué el “rentista” puede vivir de sus intereses si
la mayoría de los dominicanos no tienen certificados de crédito? ¿Por qué el
terrateniente puede tener numerosas propiedades y si ninguna pasa de 5
millones, no pagar nada por ese lujo? Son argumentos a los que todos debemos
enfrentarnos porque en su reclamo guardan visos de verdad. Sin embargo, somos
de la opinión que el aumento de los impuestos para ser destinados a la ayuda
social es bien visto por la mayoría de dominicanos, incluso los acaudalados y
así lo demuestran las amplias campañas a favor de la educación, la salud y el
transporte público, nada de lo cual “beneficia” a las clases económicas poderosas.
El quid del asunto es que a nivel
personal ningún dominicano está preparado para aceptar más impuestos, si estos
no vienen acompañados por mecanismos de transparencia respecto a como el
gobierno gasta el dinero recaudado, a fin de que llegue a quien lo necesita en
realidad. El gobierno ha perdido la confianza de los dominicanos y le es
imposible pedir nada, hasta que la restaure.
5- “El gobierno ha hecho de su parte reduciendo el gasto
público, ahora le toca a los ciudadanos contribuir”.
Esta es quizás, la
mayor mentira de todas. Es loable la audacia del actual presidente al publicar
el decreto 499-12 sobre racionalización del gasto público, el cual incluye
algunas medidas para controlar los gastos del gobierno, que como hemos visto,
constituyen la auténtica causa del déficit, no la falta de ingresos. El decreto
versa sobre gastos en fiestas, regalos, viajes, gasolina y gastos de
representación y si bien el decreto empezó cojo porque en su artículo 1 excluyó
de su círculo de acción a los demás Poderes de Estado (constitucionalmente el
Ejecutivo no puede obligar mediante decreto a los demás poderes), así como al
Banco de Reservas, Banco Agrícola y al Banco Nacional del Fomento de la
Vivienda y Producción, constituye un paso de avance importante para esclarecer
“el verdadero rol de los servidores públicos”.
Sin embargo, el
decreto tiene 50 días de su promulgación, su duración es de solamente un año y
palidece en comparación con el escándalo de las pensiones destapado la semana
pasada. Un gobierno que no ha cumplido ni dos meses de ejercicio no puede decir
que ya ha puesto su grano de arena y un gobierno que pretenda “frizar” el gasto
público en comparación con el año más deficitario en toda la historia de la
República Dominicana, ciertamente no ha hecho su parte para enfrentar la crisis
que se avecina. El compromiso del gobierno debe ser mayor y debe haberse hecho
efectivo antes de siquiera acercarse a la población con un proyecto de aumento
tributario.
Para concluir, compatriotas,
conociendo las mentiras en las cuales se basa la “reforma” podemos oponerla de
una manera más coherente y trabajada. Para influir en las decisiones, debemos
participar en el debate y para hacerlo, debemos prepararnos bien. Como
siguiente paso, a fin de contar con mejores argumentos a la hora de
enfrascarnos en el debate de la reforma que ha de venir, les presentamos los
principales descalabros planteados en el actual proyecto y hacemos énfasis en
que resulta actualmente imposible pensar en el más mínimo aumento en las tasas
impositivas. Dicho aquello, no dejamos de advertirles que a menos que nos
cohesionemos de manera integral y luchemos no sólo por nuestro propio interés
sino por el de todos los dominicanos, la “reforma” fiscal pasará sobre nosotros
y todo grupo que no haya negociado un tratamiento favorable, sufrirá el peso
completo de la única ley que el Estado se ocupa en hacer cumplir, la
tributaria. Esto no lo podemos permitir, EL PAPEL DEL GOBIERNO NO ES RECAUDAR DINERO, sino garantizar a la población el
disfrute de sus derechos, tales como salud, educación, bienestar, trabajo,
libertad, etc.; los fondos públicos son simplemente una herramienta para
alcanzar el bien común. Teniendo eso claro, debemos forzar al gobierno a
dialogar con los “gobernados” que lo eligieron para hacérselo entender.
Antes de proceder,
puntualizamos que el proyecto del gobierno no incluye ninguna reforma sobre
ningún sector de la legislación nacional, sino que se limita a derogar o
modificar artículos beneficiosos para el contribuyente desparramados en las
diversas leyes tributarias que tiene nuestra república.
Principales gravámenes
contemplados
- El artículo 1 congela el monto exento de ISR en RD$ 400,000.00 por tres años, por lo que hasta el 2016, no volverá a ajustarse por inflación.
- El artículo 2 reduce la tasa pagada por la repartición de dividendos de 29 a 10%, pero con la excepción de que antes, las personas morales, cuando pagaban dividendos, podían acreditarse la retención hecha sobre el dividendo pagado al accionista, como un aporte deducible del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque la empresa paga dividendos después de pagar impuestos sobre la renta y cobrarle 29% a la empresa y 29% a los accionistas era considerado una doble tributación. Sin embargo, ahora las empresas deben retener 10, en lugar de 29%, pero ya no pueden descontarse lo retenido del ISR, por lo que si la empresa decide repartir dividendos, sus accionistas experimentarán una carga fiscal del 36.1% de los beneficios de la empresa (La empresa tiene utilidades por 100, paga 29% de ISR y le quedan utilidades por 71, esto paga 10% sobre los dividendos, por lo que a la empresa solo le quedan 63.9 para repartir. El total de impuestos pagados después de repartir los dividendos fue de 36.1, independientemente que hayan sido 29 la empresa y 10 el accionista).
- El artículo 3 deroga la exención contenida en el artículo 222 del Código de Trabajo, por consiguiente, el salario de navidad ahora pagará impuestos sobre la renta, siempre que exceda la exención contributiva de RD 33,000.00 al mes.
- El artículo 5 plantea una retención del 25% de todo premio obtenido en lotería, bancas o promoción de cualquier tipo, aunque después plantea una escala de 10, 15 y 25% dependiendo del valor del premio (a partir del primer millón, 25%) y 10% para las ganancias obtenidas a través de tragamonedas. También retorna a 5% la retención hecha por el Estado sobre pagos realizados a sus proveedores y elimina el párrafo del artículo 309 del Código Tributario que establecía que los bancos no debían hacer retenciones sobre los intereses pagados a sus ahorrantes.
- El artículo 6 mantiene la tasa del 29% del impuesto sobre la renta, pero proyecta su reducción hasta 27% en el 2015, lo cual es oneroso ya que se planteaba su retorno a 25%.
- Según el artículo 7, los intereses pagados por depósito (los famosos “plazos fijos”), inclusos los pagados por el BNV y las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, ahora serán gravados con un 10%, cuando antes estaban exentos.
- Los artículos 8 y 9 no son claros. Parecen repetir lo mismo que la ley actual manda: pagar el excedente sobre los cinco millones del valor de cada casa o solar urbano no edificado, ordenando, incluso, el ajuste por inflación cada año respecto a los 5 millones. No obstante, también puede interpretarse (y creemos que esta es la verdadera intención) que a partir de ahora, el Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria gravará el total del valor de los inmuebles de una persona con un 1%, quedando exentos sólo los primeros 5 millones.
- El artículo 11 plantea que el impuesto de transferencias inmobiliarias aumentará de un 3% a un 4.55%, aunque después deja entender que en lugar de 4.55 es 5% sobre el valor total del inmueble. En contraposición, se elimina la tasa del 2% para la reinscripción de una hipoteca.
- El artículo 14 grava con un 10% de ITBIS al agua en todas sus formas, incluyendo gaseada, endulzada, mineral, etc.
- El artículo 15 plantea un impuesto de circulación para vehículos (marbete) del 1% anual sobre el valor del vehiculo, en lugar de los 2,200 que pagaban los vehículos con menos de 5 años y 1,200 los que tenían más de 5 años. La ley no prescribe nada respecto a si hay variación del impuesto por depreciación del vehiculo o si se considerará, para fines del valor, si el vehiculo está siendo adquirido mediante préstamo o, al menos, en pagos deferidos.
- El artículo 16 contempla, además del impuesto de registro o inscripción (“primera placa”) de un 17% del valor CIF (costo + seguro + flete), se crea un impuesto extra a los vehículos en razón de sus emisiones de CO2.
- El artículo 17 prescribe una tasa de 63 pesos sobre el galón de gasolina, sea premium o regular y de 28 pesos sobre los galones de gasoil. Aparte, se pagará un 16% de Impuesto Selectivo al Consumo sobre el precio de venta de cada galón.
- El artículo 20 prescribe un 10% de impuesto selectivo al consumo al servicio de transmisiones hechas por radio y televisión.
- El artículo 21 unificó todas las tasas de Impuesto Selectivo al Consumo del artículo 375 del Código Tributario. Es cierto que las redujo, pero se trataban de bienes de alto lujo como caviar, yates, jacuzzis, etc.
- Artículo 22, el más controversial. Se eleva por dos años la tasa del ITBIS a 18%, bajo el entendido de que se revisará su eficiencia, para decidir si se reduce después de pasado el plazo. Innumerables productos de consumo básico que antes estaban exentos serán gravados por un ITBIS del 10%, que ascenderá hasta 16% en tres años. Cabe recalcar que nuestra tasa de ITBIS (impuesto equivalente al IVA) es la más alta de toda Centroamérica.
- El artículo 23 añade páginas y páginas de nuevos artículos que serán gravados con el ITBIS. Cosas tan básicas o sencillas como el azúcar, la miel, varios tipos de panes, el hielo, cazabe, la carne de gallina, las chuletas de cerdo, el aceite para cocinar, etc. Ya sólo quedan fuera los productos considerados de baja calidad como la molleja, así como las frutas y vegetales.
- De acuerdo al artículo 24, los servicios de cuidado personal (salones y spas), ya no estarán exentos de ITBIS. También tendrán que pagar ITBIS los servicios de estiba y desestiba, así como las presentaciones artísticas y culturales.
- El artículo 25 limita el monto que puede deducirse para fines del impuesto sobre la renta por concepto de intereses pagados en razón de deudas o gastos ocasionados por la constitución y operación de compañías. Esa deducción ya no podrá pasar del 50% de la renta neta imponible, lo que desfavorece en gran parte a las PYMES, las cuales no suelen contar con capital propio.
- El artículo 26 aumenta el poder de la DGII de impugnar transacciones cuando los sujetos económicos estén relacionados, o uno de ellos se encuentre domiciliado en un país con un bajo régimen de tributación.
- El artículo 28 retira a todas las ONG todos sus beneficios fiscales, excepto la exención del ISR (deben pagar ITBIS, IPI, ISC, diversas tasas, etc.). Además, si la ONG realiza alguna actividad comercial, como dirigir una revista u operar una cafetería, entrando en competencia con empresas sujetas a tributación ordinaria, perderán su único beneficio y deberán pagar ISR.
- El artículo 29 aumenta de 2.5 a 5% el impuesto sobre las ventas brutas de las zonas francas al mercado local.
- El artículo 30 plantea un impuesto del 5% para las ventas realizadas en el mercado local de las empresas acogidas a la ley 56-07 de prioridad al sector textil. Parece ser que este impuesto no existía antes.
- El artículo 31 elimina las exenciones relativas a la energía renovable.
- El artículo 32 plantea la modificación del párrafo IV del artículo 4 de la ley 158-01, pero no existe tal párrafo IV, por lo que es imposible conocer que parte de la ley es derogada. En todo caso, se plantea una modificación del régimen de exenciones previsto por esta ley, incluyendo el hecho de que las mismas (las exenciones), ya no son transferibles.
- El artículo 33 desmonta el incentivo proporcionado por la ley de cine, 108-10, que permitía a las personas morales deducir del impuesto sobre la renta lo invertido en dinero efectivo a proyectos cinematográficos de largometrajes.
- El artículo 34 plantea que las zonas francas “normales” (las acogidas a la ley 4315) deberán pagar el impuesto sobre la renta contenido en el Código Tributario.
- Por último, el artículo 37 es ambiguo. Quiere decir una de dos cosas: 1) Se eliminan todas las exenciones otorgadas; o 2) El gobierno no permitirá a nadie más acogerse a alguna exención hasta que se promulgue una nueva ley de incentivos. En cualquiera de los dos casos, se mantendrán vigentes las exenciones contenidas en las leyes 8-90 sobre Zona Franca de Exportación (pero excluyendo a las Zonas Francas Especiales), 158-01, sobre Desarrollo Turístico, 108-10, de Fomento de la Actividad Cinematográfica y Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo (pero excluyendo a las empresas que compitan de manera directa con empresas acogidas al régimen de tributación ordinario).
- Según datos recogidos en la prensa se pretende iniciar con el régimen contributivo subsidiado de la seguridad social para que el sector informal puede tributar. También hay rumores de que se anulará la ley 179-09 sobre deducción de gastos educativos incurridos por la persona física. Hasta el día de hoy, permanecen como rumores.
Estos son, en
esencia, los principales vejámenes infligidos por el proyecto gubernamental que
hasta el mismo ministro de economía admitió que producirían inflación y amenazarían
la “estabilidad” de la tasa de cambio. Queremos, por último, a fin de
enriquecer el debate y proporcionar respuestas a los contribuyentes, proponer
algunas ideas propias y prestadas respecto a auténticas soluciones para la
crisis que afecta a nuestro país:
Respuestas, Propuestas y
Realidades
Primero, debemos
dejar bien en claro que SI se requiere un pacto fiscal, pero de una manera muy
distinta a como lo propone el gobierno. Una reforma fiscal integral debe buscar
la forma de beneficiar a la población dominicana y asegurar la tributación en
base a la justicia, es decir, que todos contribuyamos de acuerdo a nuestra
capacidad económica y que dicha contribución nos beneficie a todos según el
monto de lo contribuido o la mayor necesidad. Para el pacto estrictamente
fiscal, debemos considerar los siguientes puntos:
1-
El nuevo esquema tributario debe
incluir fuertes controles de transparencia para que la población conozca en que
se invierte su dinero.
2-
Debe hacerse una reforma del
Código Tributario para consagrar los derechos del contribuyente frente a la
Administración abusiva y voraz, limitando la discrecionalidad de la DGII y DGA.
3-
Debe buscarse la simplificación de
los tributos para hacer más fácil la tarea de calcularlos y pagarlos. No
proponemos solamente hacer más accesibles los impuestos internos clásicos como
ISR e ITBIS, sino también la unificación de todas las tasas del país para
evitar la penosa tarea de la compra constante de sellos y recibos, para lo cual
sería apropiado considerar la tarjeta bancaria prepago aprobada por la Junta
Monetaria, como un modo de pagar todo tipo de tasas públicas. Además debemos
buscar el desabultamiento de la burocracia administrativa y la tecnificación y
eficientización de los pagos para reducir el gasto de tiempo experimentado en
la DGII y DGA.
4-
El nuevo esquema impositivo debe
gravar la capacidad contributiva de las personas, no su necesidad de consumir
para vivir, y debe permitir la entrada al mercado de nuevos capitales y
empresas innovadoras. Por ejemplo, proponemos eliminar todas las fianzas
millonarias que impiden nuevos ingresantes en determinadas áreas, eliminar los anticipos
del ISR que reducen el capital de trabajo de las personas y empresas, modificar
el régimen de tributación de la persona física para que puedan desarrollar
actividades comerciales o profesionales por cuenta propia, sin tener que
constituir compañías y aun así deducir gastos, etc.
El pacto fiscal
debe necesariamente ser consensuado, pero también debe provenir de un esquema
mayor, de un “Pacto Social” que
materialice el anhelo de todos los dominicanos de un Estado más responsable. El
presidente Medina clamaba que la realidad era más fuerte que sus deseos y pedía
nuestro apoyo para la reforma fiscal, lo que demuestra que nuestra oposición se
está dejando sentir y el gobierno, que pensaba encontrar un pueblo dormido, ha
despertado la indignación de todos los ciudadanos. Este es el momento más importante de nuestra historia actual, es el momento
de revelar al gobierno lo que el pueblo realmente necesita, no lo que los
“líderes” creen que le conviene. En el esquema de ese gran pacto social,
proponemos los siguientes puntos:
1-
Debemos forzar la convocatoria de
otro dialogo nacional, como el organizado por el presidente Leonel Fernández
mediante decreto 489 de 1997, celebrado en enero del 1998. Ha llegado el
momento de devolver el poder a su titular, los ciudadanos.
2-
No podemos permitir que aumente la
carga tributaria en un solo por ciento hasta que el gobierno (junto a nosotros),
no se aboque a resolver los problemas que según ellos mismos, son los causantes
del gran déficit que nos agobia: El subsidio al sector eléctrico, a los
combustibles para el transporte, la evasión y, por supuesto, la pérdida de
fondos públicos en salarios, pensiones y gastos de representación millonarios.
El pacto social debe incluir:
i.
Una reforma estructural del sector
eléctrico para que no sea deficitario. Esto puede basarse en la revisión de los
contratos de generación, la instalación de plantas generadoras pertenecientes
al Estado, la modernización de las vías de transmisión, la persecución eficaz
del robo eléctrico, la sustitución por energía renovable y autogenerada, la
instalación de suministro prepago de energía, etc.
ii.
Una reforma del sector transporte,
especialmente ahora que el gobierno quiere aumentar el costo del transporte
privado en cuanto a vehículos y combustibles. Esta reforma puede contemplar la
renovación y mantenimiento del parque vehicular del transporte público, combate
a los monopolios del transporte público, migración hacia el transporte masivo
fiscalizado por el Estado, mejoramiento de caminos y rutas vehiculares, puesta
en funcionamiento de semáforos y señalizaciones, acondicionamiento de las
calles para permitir un mejor transporte a pie o bicicleta, papel más activo de
la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), el favorecimiento aduanal a
vehículos híbridos o de bajo consumo, el gravamen en 1 o 2 pesos al Gas Licuado
de Petróleo o al Gas Natural, etc.
iii.
Una reforma de las retribuciones
públicas a los funcionarios, incluyendo, entre otras cosas, una tasa de pago
para el presidente y ministros atada al desempeño económico del gobierno o del
salario mínimo nacional, la promoción de la carrera administrativa para evitar
el partidismo de los empleos, una fiscalización y persecución criminal de las
botellas y nominillas, una redistribución del gasto para aumentar los salarios
de los funcionarios de carrera y disminuir el de aquellos de libre nombramiento
y remoción, el combate al poder de determinar el propio salario, aumento de
requisitos para gozar de pensiones como servidor público, etc.
iv.
Un pacto para mejorar los sectores
en los cuales la población se ha sentido más dolida: educación, salud y
seguridad. Las ideas necesarias para enfrentar estos problemas deben de salir
del seno del dialogo nacional y tienen demasiadas implicaciones como para
abordarlas en este artículo; no obstante, debemos de estar concientes que en la
actualidad estos sectores no reciben los fondos suficientes, por lo que su mejoramiento
debe ser considerado ahora, en la medida que se combate el despilfarro público,
para que no se conviertan en excusas para nuevas “reformas fiscales” propuestas
por el gobierno.
v.
Por último, aunque suene
descabellado, los dominicanos debemos exigir, para cooperar con el pacto
fiscal, la responsabilización de los culpables directos de la crisis que nos agobia.
Busquemos que “caiga el peso infinito de los pueblos sobre los hombros de los
culpables”; que se incaute su patrimonio mal habido y que se utilice para
solventar parte de las deudas en las que nos han hecho incurrir.
Recordamos, el
deber del gobierno no es “buscar dinero”, es procurar el bien de todos los
dominicanos, que para eso le han dado autoridad. La falta de fondos públicos se
debe a todos estos fallos estructurales antes descritos, que de ser remediados,
sin aumentar los impuestos, acrecentaría de sobremanera las arcas estatales.
Para finalizar nuestro análisis
queremos dar algunas ideas sobre como reorientar los impuestos que el gobierno
ha incluido en su proyecto de “reforma”.
Primero, el
gobierno plantea que las exenciones deben eliminarse porque no han repercutido
en ningún beneficio para el país, no obstante alegar entre los logros de su
partido, el crecimiento constante de la economía. Eliminar las exenciones puede
significar la muerte de una economía floreciente, así como puede lograr el
saneamiento de sectores ineficientes. Todo debe ser cuidadosamente ponderado y
en cuanto a las exenciones, debemos distinguir entre las que existen para fomentar
un fin social de aquellas orientadas a buscar un fin económico.
1-
Las que buscan un fin social, como
todas aquellas contenidas en la ley 122-05 o las relativas a las cooperativas,
deben ser mantenidas ya que ayudan a entidades que satisfacen una necesidad
social que el gobierno no está en condiciones de cubrir. Apoyamos la
fiscalización y el control de estas entidades para asegurar que no sean
utilizadas como vehículos de lucro.
2-
Las que persiguen fines económicos
deben ser consideradas en dos renglones: i) aquellas que existen para apoyar a
sectores considerados socialmente importantes, de ii) aquellas que buscan
fortalecer la economía nacional.
i.
Las que buscan apoyar causas
especificas, como los incentivos al cine o a la energía renovable, deben ser
mantenidas y fortalecidas para propiciar un país más culto, más identificado
culturalmente y más sano y responsable en relación al medioambiente, fines
todos que el Estado, según la Constitución, debe perseguir.
ii.
Las exenciones que redundan
simplemente en “activar la economía”, como las relativas al turismo, zona
franca y desarrollo fronterizo, deben ser estudiadas en cuanto a su
continuación. Proponemos, que en lugar de eliminar estos incentivos, que los
mismos se mantengan, pero que estos sectores estén obligados a pagar salarios
superiores al salario mínimo nacional (50 o 100% más), a fin de devolver a la
sociedad parte de los beneficios que ésta les otorga al no cobrarles impuestos.
Estos mayores salarios aumentarían el dinero circulante y repercutirían
favorablemente en el consumo, activando las economías locales en las cuales se
desenvuelven los empleados de estos sectores, quienes, por lo regular,
provienen de comunidades muy pobres.
Segundo, al
gobierno le gusta gravar el consumo (ITBIS), en lugar de la renta (ISR) porque el
impuesto al consumo es casi imposible de evadir. No obstante, si bien no todos
producimos, todos sí consumimos, por lo que el ITIBIS repercute en igual
proporción sobre ricos y pobres, impidiendo a los segundos abastecerse de los
productos necesarios. El ITBIS si es muy alto, se convierte entonces en un
impuesto injusto, porque no grava la capacidad económica, la capacidad de
producir, sino que grava la necesidad de consumir. Esto no estaría mal si se
limitara a productos de lujo, pero con el aumento del número de productos
gravados por ITBIS y el aumento de la tasa de un 16 a un 18%, este impuesto se
encamina a convertirse en una sentencia condenatoria para todos los
dominicanos. El estado debe buscar otras formas de recaudar, aunque implique un
aumento del ISR.
Tercero, en lugar
de aumentar el impuesto sobre la circulación vehicular, el gobierno podría
propiciarse un aumento en las recaudaciones con un incremento sobre los vehículos
de alto cilindraje, a fin de reducir la presencia multitudinaria de jeepetas en
el país, lo que a la vez ayudaría al parque vehicular dominicano a reducir su
consumo de combustible, el cual pudiera ser dirigido a la generación eléctrica.
Cuarto, los
impuestos deben motivar el ahorro bancario, no desincentivarlo. Al país le
conviene la bancarización y la formalización de las actividades económicas de
todos los dominicanos, por lo que no es factible ni recomendable el impuesto a
los ahorros. Proponemos en cambio, un mayor control del ISR, la reducción de
las tasas de interés para préstamos (en especial de los bancos controlados por
el Estado como el de la vivienda y el agrícola, que han perdido de vista su
misión) y la puesta en marcha del fideicomiso, ampliando los instrumentos de
inversión con los que contarán los ahorrantes.
Quinto, en la
República Dominicana más de la mitad de la población económicamente activa se
desenvuelve en la informalidad. Para reducir esto, al microempresario debe ponérsele
en condiciones de salir a la luz pública, pero éste no lo hará mientras por el
hecho de constituirse como sociedad comercial deba empezar a contribuir 29%.
Proponemos, en cambio, el acceso al microcrédito, como está supuesto a hacerlo
PROMIPYMES, pero condicionar este crédito a que los microempresarios se
formalicen como sociedades comerciales (SA, SRL, SAS, EIRL…), a la vez que se
establecen tasas progresivas del ISR para que la microempresa pague 10, 20 y
30%, dependiendo de sus ganancias, lo cual reduciría la tasa, pero: 1) sacaría
más empresas de la informalidad, las cuales empezarían a contribuir ISR, así
como tasas de inscripción y renovación de registros mercantiles y 2) haría más
fácil la recaudación de las personas que contraten servicios con la
microempresa, ya que las empresas están obligadas a una serie de retenciones.
Sexto, el gobierno
pudiera explorar otras vías de recaudación que hasta hoy no ha explotado. Un
ejemplo sería aumentar la persecución y las multas de los ilícitos
medioambientales, que en el país se cometen muchos. Otra contribución a
considerar serian las multas por ruido, por arrojamiento de basura, por
conducción insegura, por expendio de sustancias controladas a menores, etc. Una
política seria de recaudación por concepto de actividades ilícitas ciertamente
no constituiría una fuente permanente de ingresos, pero a la larga
desincentivaría dichas violaciones, repercutiendo en mejoras para la población
en general.
Estas son solo unas
ideas peregrinas, nada en comparación que lo que un autentico Dialogo Nacional
ha de producir, por lo que no podemos dormirnos ni perder el ímpetu, este es el
momento de transformar nuestra democracia en una democracia participativa y
nuestro gobierno indolente en un gobierno que realmente gobierne “con el oído
puesto en el pueblo”. Nuestro último mensaje y el que más queremos transmitir
es que en los últimos doce años la República Dominicana ha experimentado 6 reformas tributarias de envergadura
mediante las leyes: 147-00 que modifica el código tributario, 288-04 de reforma
fiscal, 557-05 de reforma tributaria, 495-06 de rectificación tributaria,
173-07 de eficiencia recaudatoria, 139-11 sobre aumento tributario. Si algo
esto debe evidenciar, es que el problema es el gasto, no los ingresos.
