Conversaciones con mi fe

Conversaciones con mi fe

Después de leer la Palabra, la cual disfruto esporádicamente gracias a la revista “Rayo de Luz” (aprovecho para agradecer a los comentaristas de dicha publicación por sus valiosísimas reflexiones que tanto me han ayudado a reflexionar por mi mismo), siempre me surge una motivación especial que me ayudan a enfrentar con “honor y gallardía los retos de cada nuevo día”, pero puedo decir que lo que más me despierta la lectura de la Palabra son preguntas, motivadas en esencia porque he optado por vivir reflexivamente en el mundo de hoy.

Eso de vivir reflexivamente es de los aspectos que más me agradan de mi personalidad. Para ponerles un ejemplo, mientras escribo es domingo y son casi las 5:58 de la tarde. Por alguna razón, o por muchas, me ha costado un esfuerzo indecible sentarme a escribir este artículo. Por igual, cuando no me encuentro abstraído en alguna idea, siento un apuro hasta irracional que me informa que el día se está agotando y que el tiempo no va a ser suficiente para hacer las miles de cosas que quisiera haber terminado ayer. Me parece que una persona inflexiva padece estos males, mientras que yo reconozco que me afligen y entiendo, al menos superficialmente, sus causas: Primero, es connatural al ser humano que le sea difícil empezar cualquier proyecto, de la misma manera que en el mundo físico es difícil cambiar el estado inercial de la materia. Para ambos hace falta energía, pero a diferencia de las ecuaciones newtonianas, el ser humano no presenta idénticos resultados ante idénticos estímulos, aun en idénticas condiciones. Por ejemplo, en este momento me encuentro inspirado, pero como el lapicero es muy lento para alcanzar a la mente se ve olvidan algunas ideas antes de poder escribirlas. Este momento de pausa me ha permitido darme cuenta que tengo hambre, y ya que dejaré de trabajar para ir a comer, me pregunto que está haciendo mi novia. En eso ya he pasado 4 minutos pensando en lugar de escribir, etc. Toda esa multiplicidad de ideas es producto de una mente diseñada (o que evolucionó), para realizar múltiples procesos a la vez –Pausa para comer. Retorno–. De manera que pienso que nuestra capacidad de concentración está dormida y que para activarla requerimos de una férrea disciplina y una práctica constante que nos haga mejores.

Por otra parte, la prisa es subproducto de una mente atribulada por anhelos de alcanzar una imagen personal de eficiencia y rapidez en la producción, tanto material como intelectual, sin comprender –a menos que se haga un esfuerzo consciente– los naturales procesos de maduración que las ideas y acciones deben agotar. Así como en el mundo actual nos gusta que todo sea conveniente, rápido y completo, así creemos que nos gustaría ser: ricos, exitosos, fuertes, controlados, famosos, imitados, expeditos, infalibles…, lo cual nos causa un profundo malestar existencial, porque en realidad, como seres humanos, estamos limitados en el tiempo y el espacio: nuestro aprendizaje toma años, nos da sueño, somos esclavos del capricho (“no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero”. Romanos 7, 19), no podemos controlar lo que hacen o piensan los demás, etc. En fin, queremos estar repletos y completos en nuestra existencia desde este momento, sin entender que posiblemente nunca llegemos a ser como nos visualizamos. Estos anhelos pueden que quizás se deban a que vemos muchas historias en televisión y tenemos demasiados ejemplos que seguir, los cuales, buenos o malos, son personas a las que aspiramos ser sin ser nosotros. Tenemos demasiada información para digerir, de la cual construimos nuestro yo ideal y en la vida, mientras intentamos alcanzarlo nos duele fracasar y sobretodo, nos duele que sea imposible no fracasar.

Ante tales tribulaciones, encuentro sosiego al pensar en frases como “las cosas del amor se hacen con tiempo”, “el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración” y “el aprendizaje no se cuantifica por libros leídos, sino por ideas incorporadas que dieron paso a ideas propias”. Sólo pausas forzadas y meditadas me permiten mantener la cordura.

Pero bien, ¿Cuándo “conversaremos con la fe”? Para no hacer esto sobre mi, sino sobre mis preguntas, plantearé ideas o “hechos” de incidencia religiosa y empezaré a elucubrar respecto a que significan para mí y que interrogantes me plantean.

Hoy hablaré de San Juan 20, 11-18. En estos versículos nos enteramos que una mujer fue la primer testigo de la Resurrección y la mensajera de Jesucristo para llevar la buena nueva a los que se suponían más cercanos a él, los apóstoles. Ya eso basta para escribir un libro, pero en consideración a mi escaso conocimiento, no planeo extenderme mucho. Primeramente, en este pasaje es que Jesús atina a decir “no me toques” (“Noli me tangere”) y muchas personas, especialmente en estos nuevos tiempos, gustan de imaginar una historia de amor entre Jesús y María Magdalena. Por favor, que eso no los distraiga de los dos puntos que trataré a continuación:

¿Son las mujeres primeras en la fe? Mi impresión, aunque la misma puede estar viciada por mi demografía, es que  las mujeres son creyentes más fervientes o feligreses más devotas. ¿Por qué? Miles de posibles razones. En general, las mujeres tienen fama mundial de ser más espirituales, lo que en la dialéctica occidental puede traducirse en que son más “irracionales” o más dadas a involucrarse en “creencias paganas o heréticas”. Esto puede deberse a su carácter, el cual encuentro empíricamente más subjetivo que el de los hombres, pero también puede ser que fruto de la subyugación histórica y constante del sexo femenino, las mujeres se “sometan” más cómodamente a la idea de un ser superior que las mande, las recompense o castigue. Por otra parte, puede ser que el sexo masculino haya desarrollado, o “venga de fábrica” con un ego superior al de la mujer y un sentimiento de autosuficiencia y poder que les aleje de la humildad consustancial a la religión, a la vez que les proporcione la autoestima necesaria para obtener buenas parejas. Esto me lleva a preguntarme si el patriarcado es inexacto o incorrecto como forma de organización social. Me explico. ¿Es más propensa, en su naturaleza, la mujer a la obediencia, o fue que durante la instauración del patriarcado su espíritu fue vencido?, lo cual, de ser así, es un crimen de la misma magnitud que la esclavitud.

Volviendo al tema del encuentro con Jesús resucitado, ¿fue el hecho de encontrarse con María Magdalena y su encomienda de comunicar su Resurrección a los apóstoles, parte de la campaña de Jesús para reivindicar a los excluidos de la sociedad? Si tal es el caso, ¿Qué pasó con el cristianismo? Si bien la religión cristiana se propagó apresuradamente por el imperio romano, en el mundo no alcanzó a calar la idea de justicia social tan consustancial a su doctrina sino hasta inicios del siglo XX (paradójicamente, siendo el comunismo ateo su representación más poderosa), ni tampoco hubo voto femenino hasta la mitad de dicha centuria (por igual, gracias al trabajo de las sufragistas, no del Vaticano). Si todos los gobiernos de occidente tienen bases cristianas, ¿por qué las ideas del cristianismo no parecen permear las políticas de los gobierno? Y si es verdad que todos somos iguales en dignidad, igual de hijos de Dios, ¿por qué hombres y mujeres preferimos ser liderados por hombres? Relativo a lo anterior, ¿por qué al día de hoy la Iglesia Católica no permite sacerdotisas? ¿Es el criterio que los apóstoles hayan sido exclusivamente del sexo masculino suficiente para justificar que según el plan divino, sólo los hombres pueden ser vicarios de Cristo? ¿No nos dice nada al respecto la intervención protagónica y primordial de María Magdalena? Esas no son preguntas cuyas respuestas me corresponden, pero en criterios prácticos, sí pienso que es más difícil exaltar a la mujer hasta el nivel cuasi sobrehumano que buscamos en los líderes. Siendo tal mi impresión, no dejo de preguntarme ¿por qué es tan difícil? Y más importante aún, ¿por qué buscamos líderes sobrehumanos? O todavía más punzante, ¿por qué buscamos líderes en primer lugar?

Como expresaba, estas preguntas no han sido planteadas para buscarles respuestas apresuradas y no niego que su debate excede mis limitadas facultades, pero, a modo de conclusión, me gustaría agregar que es innegable que el ser humano sufre su existencia y busca salvación en forma de salvadores. Lo peor de todo esto es que a medida que aumenta el deseo de salvación, disminuye también el deseo de participación en la salvación. Sin pretender una herejía “fui salvo por la gracia” me suena mucho peor a “fui salvado por la penitencia, la caridad y el amor”. A protestantes y católicos que discutan sobre que tan omnipotente es Dios y que tan autónomo es el hombre, yo, la próxima vez que nos veamos, ya habré pasado a otro tema.

El fracaso del código laboral

El fracaso del Código Laboral

¡Bueno, finalmente lo lograron! Me explico. Hablando con un amigo del fracaso del comunismo en República Dominicana, una de las razones analizadas de su infuncionalidad era la ausencia en nuestro país de clases sociales debidamente delimitadas que entraran en conflicto. Ahora, al momento de escribir este artículo pudiéramos decir, con reservas, que ya esa carencia ha sido subsanada y efectivamente gozamos de conflicto de clases sociales en nuestra República. Pero, ¿por qué con reservas? Porque si bien el conflicto existe, no ha nacido por las razones clásicas, las cuales, como usted, amable lector, debe imaginar, son crecimiento del sector capitalista y articulación del sector obrero. ¿Por cuáles entonces? Procederemos exponer nuestras ideas al respecto.

Antes que todo, recordemos que el profesor Bosch nos explicaba que en nuestra isla nunca se desarrolló un autentico capitalismo, y a pesar de lo que digan los industriales de cualquier región, todavía no se ha desarrollado en el país una clase capitalista de envergadura. Salvo excepciones, lo que existen en nuestro terruño son empresarios de ocasión que operan un negocio mientras les vaya bien. También tenemos políticos o “independientes” que prestan su figura a la cabeza de explotaciones realmente pertenecientes a un partido y, por último, tenemos una pequeña burguesía dispersa que nunca fraguó como clase y que actualmente se halla en decadencia. ¿Nuestro punto con esto? Que el conflicto de clases actual no es una respuesta a las vejaciones proporcionadas al proletariado por parte de la abusiva clase capitalista, porque ésta no existe.

Lo segundo a tomar en cuenta es que en un país sin capitalistas, no puede hablarse de una clase obrera. Lo cierto es que en la República Dominicana no sólo impera la informalidad en el empleo (se estima que el 56% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, siendo la cifra mayor en algunas regiones), sino que de los trabajadores asalariados, son pocos aquellos con visión y paciencia para integrarse al esfuerzo sindical. Esto se evidencia en que los registros del Ministerio de Trabajo sólo tienen contabilizados a 27 sindicatos (http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/index.php/listado-sindicatos-y-federaciones-de-trabajo). Si a esta pequeña cifra le sustraemos los sindicatos de transportistas, queda patente la labor sindical no se ha hecho presente en la República Dominicana. Como nota aclaratoria explicamos que, a pesar de gozar de Registro Sindical, las asociaciones de transportistas no cumplen con las condiciones legales para ser sindicatos ya que los chóferes no califican como empleados subordinados de conformidad con los artículos 1 y 317 del Código Laboral, sino que se consideran dueños de turnos dentro de una ruta, los cuales pueden alquilar, por lo tanto no pueden formar sindicatos amparados por la ley. Por otra parte, el presidente del “sindicato” es, a menudo, dueño de vehículos y turnos, dicta ordenes e integra miembros, todo muy similar a un patrono, sólo que sin encontrarse obligado a garantizar ningún derecho laboral.

En conclusión, no existen en el país industrias suficientes y de tamaño tal como para ameritar la formación de grandes grupos sindicales, ni tampoco parece haber motivación entre los trabajadores para su formación, quizás por falta de idea clara respecto a sus beneficios, desconocimiento del procedimiento de formación o ausencia de liderazgo comprometido. En todo caso, lo que queremos resaltar es que los conflictos de clase en el país no se deben tampoco a que el proletariado obrero ha clamado su reivindicación, porque dicho proletariado, si es que existe, está lejos de articularse.

Entonces, ¿a qué se deben los conflictos de clase en Quisqueya? A varias razones, siendo la primera el hecho de que las clases se diferencian no por lo que hacen, sino por lo que tienen y en ese sentido existen estratos sociales muy diferenciados en nuestro país. No obstante, en este trabajo solamente pretendemos enfocarnos en el fracaso del régimen de protección instaurado por el Código de Trabajo como causa de conflictos entre trabajadores y empleadores, incluyendo una que otra glosa respecto a la aplicación que dicho Código ha recibido.

A modo de introducción, sería conveniente precisar que el Código de Trabajo fue preparado y aprobado de manera inconsulta, sin el apoyo del sector empleador. El mismo es producto casi exclusivo de una comisión de juristas del más alto calibre, que como tales dotaron al país de un instrumento tan moderno que era demasiado moderno para él, instados todo el tiempo por el presidente Balaguer, quien lejos de buscar el mejoramiento de la clase trabajadora, se encontraba apremiado en aprobar una ley laboral que le permitiera gozar de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (lo que explica la ausencia de criterios de Estado para hacer efectivo lo que la ley bellamente consagra). Así las cosas, no sorprende la dificultad que han tenido las leyes laborales en calar dentro de nuestro esquema mental. Ya sin más que añadir, procederemos a explayarnos sobre algunos de los problemas que el Código Laboral y su aplicación han generado:

Aumento de los costos de producción: Hemos escuchado en numerosas ocasiones a nuestros sectores productivos quejarse de que “hacerlo bien” provocaría la falta de empleos (apelando al sentimiento social para defender sus prácticas), y aunque en criterios de calidad y sanidad tal aseveración suena a desfachatez, en relación al régimen de protección al trabajador, es un reclamo que amerita ser escuchado. ¿Por qué? Porque primeramente nadie emprende una empresa si no ve beneficios en su formación y si los beneficios no son lo suficientemente atractivos en relación al trabajo que cuesta iniciarla y mantenerla, esto tampoco valdrá la pena. Visto así, el Código de Trabajo plantea dos bemoles serios:

• Estar al día con las obligaciones laborales implica un gran costo. Estas obligaciones sobrepasan, por mucho, el simple pago del salario, para el cual debe el empleador agenciarse recibos firmados y bien firmados por el trabajador. Las obligaciones meramente protocolares dispuestas por el Código de Trabajo incluyen los numerosos formularios de trabajo, que a pesar de ser siete, sólo dos pueden ser completados por Internet (y como quiera deben pagarse en efectivo en el Departamento de Trabajo). Respecto a ellos, cualquier cambio hecho sobre el personal requiere de un nuevo formulario, implicando un costo cada cambio, lo que efectivamente hace inviable el salario por ajuste o a destajo. Independientemente de esto, el mayor problema de los formularios es que su llenado requiere tiempo y experiencia y aparte de los mismos, los trabajadores todavía deben ser inscritos en numerosos otros registros. Entre otras obligaciones se le requiere a la empresa certificaciones de higiene y salud incluso para trabajo de oficina, así como certificaciones para permitir el trabajo de los menores, todo lo cual complica el trabajo gerencial. Por otra parte, existen regimenes complicados relativos a los distintos tipos de pagos, al manejo de personal embarazado o de trabajadores sindicalizados, criterios jurisprudenciales relativos al despido y al desahucio y numerosas obligaciones más, de las cuales no pretendemos renegar, sino puntualizar que son viables únicamente para empresas con tamaño y presupuesto suficiente para sustentar un departamento de recursos humanos y consultar abogados cuando sea necesario. Como habíamos hablado anteriormente, ese tipo de empresas son las menos comunes en un país como el nuestro, de trabajadores informales y pequeños burgueses y seguirán siendo infrecuentes en la medida que las regulaciones excesivas no permitan a la pequeña empresa acumular excedente suficiente para crecer. Por último, el régimen de protección es tan complicado y se encuentra tan apartado de la población, que cualquiera que no sea profesional del derecho no sabría ponerle pies ni cabeza. No sólo se trata de un sistema parcializado contra el empleador, sino que el mismo se encuentra casi oculto, todo lo cual se traduce en mayores costos para los emprendedores.

• La ley ha echado todo el peso de una población a la que el gobierno no ha sabido sostener, sobre el empleador, por lo que ahora éste debe pagar 15% extra del salario de cada trabajador para que éste cuente con salud, pensión y seguridad contra riesgos laborales, mientras que el trabajador sólo paga 5%. Lo mismo no parecería tan grave, pero se trata tan sólo de la corona de un régimen legal que cobra 29% de Impuestos Sobre la Renta, 16% de ITBIS, 1% sobre activos o Propiedad Inmobiliaria (estos últimos impuestos deben pagarse aunque la empresa no haya tenido beneficio) y que además debe proporcionar 14 o 18 días de vacaciones pagos, salario de navidad, 10% de sus utilidades, hasta 28 días de preaviso y hasta 23 días de cesantía por cada año laborado. Por igual, el empleador puede ser condenado por no inscribir en la seguridad social a trabajadores extranjeros ilegales que, de por si, no pueden ser inscritos y a los cuales el Estado permite entrar libremente, llenando un vacío del mercado de trabajo que ningún otro sector se ha abocado a llenar. También es ilegal en nuestro país disminuir el salario de los trabajadores o descenderlos de su rango y es casi imposible realizar un despido sin incurrir en gastos. Por su parte, los trabajadores pueden faltar al trabajo dos veces cada mes sin dar excusas, exigirle a sus empleadores que les paguen el salario en efectivo, no tomar las medidas de seguridad cuando trabajan y aún así lograr que se condene al empleador por negligencia en caso de accidente, robar sin que sea probable que se les pruebe el robo (ni que sea viable económicamente condenar a los trabajadores, por la forma en la cual se cobran las deudas en este país), dejar el trabajo sin dar el preaviso y otras desigualdades más, no sólo onerosas, sino que mezcladas con el pésimo ambiente de negocios de un país con energía cara, caminos ruinosos y corrupción rampante, desmotivan a cualquiera excepto al más ambicioso emprendedor o a aquel que sabe desde el inicio que evadirá la mayoría de esas restricciones.

Modelo inadecuado para el país de protección laboral: en República Dominicana tenemos 1 sólo modelo de protección para todos los trabajadores, independientemente de su capacidad de producción, de su nivel de preparación, de la naturaleza de su trabajo o la calidad de su empleador. Peor aún, el modelo que tenemos es uno esencialmente elaborado para empresas grandes de explotación industrial en las cuales el trabajador ingrese, progrese a medida que adquiere conocimientos y después de 25 o 30 años, en excelentes relaciones con los dueños, se retire a disfrutar los beneficios de una vida de trabajo. Puede que ese sea un modelo apropiado para Baltimore dominicana o el Banco Popular, pues en empresas así habría recursos suficientes para ordenar la producción de acuerdo a las trabas de la ley e incluso representaría beneficios para la actividad empresarial el tener un sindicato que no busque dinero, sino propiciar el adiestramiento del personal y el desempeño eficiente de las labores, a la vez que se asegura que ningún trabajador sea abusado por gerentes inescrupulosos. Lamentablemente, ese modelo es inviable en nuestra república por dos razones muy importantes:

• La mayor cantidad de trabajadores que no se encuentra en el sector informal trabaja en micro, pequeñas o medianas empresas. Los negocios que agrupan al mayor número de empleados del país son los talleres de patio (muebles, pinturas, repuestos), salones, restaurantes (de esquina o carrito), negocios de transporte o distribución, etc. Por otra parte, muchos empleados son domésticas o trabajadores de la construcción, ramas de sumamente complicada regulación. Todos estos negocios repudian, por su naturaleza, los formularios, los horarios, los registros, los sindicatos, la producción programada, los análisis de mercado, los departamentos de recursos humanos, etc.

• Los trabajadores dominicanos, en un porcentaje importante, no tienen madera para estar a la altura del modelo laboral legalmente previsto. En nuestro país hay un gran problema de alcoholismo, irresponsabilidad, de impuntualidad, de cuidado a la salud propia (en Japón, a los trabajadores se les obliga a hacer ejercicio para reducir el riesgo en las pólizas de seguro) y, sobretodo, de educación: no sólo la formación es deficiente, sino que las enseñanzas proporcionadas por las escuelas técnicas son limitadas y, a menudo, desfasadas.

Código discriminante: El Código de Trabajo plantea una desigualdad vagamente justificada en cuanto a la protección de los actores laborales y a la carga de la prueba en los juicios. Esto lleva al empleador a conspirar para no cumplir la ley a cabalidad y motiva al trabajador a no empeñarse en su trabajo porque sabe que cualquier descuido del empleador le puede representar más dinero que todo su trabajo denodado (hasta el despido de un mal trabajador podría ser un error fatal). No planteamos idealismos infantiles como sería creer en la bondad intrínseca del trabajador o del empleador, sino que resaltamos la existencia de un escenario de lucha desigual en el cual ambas partes transgreden “lo ideal”, pero que una parte, en virtud de la ley, sale más perjudicada que la otra, pues sólo hay que mencionar el artículo 539 del Código de Trabajo que subordina la suspensión de una sentencia apelada al depósito del duplo de las condenaciones, lo que da lugar a los embargos expeditos en materia laboral que cierran empresas y no aceptan pagos. Todo esto trae notorias consecuencias para la estabilidad económica del país, sobre las cuales está de más abundar. En conclusión, si bien es cierto que al empleador se le debe exigir respeto para el trabajador que le da su plusvalía, esa exigencia no puede materializarse de una manera que propicie la desaparición del sector empleador, porque eso destruiría todo el entramado.

Ahora que nos encontramos en el cual seguramente será un lento proceso de modificaciones al Código Laboral –las únicas leyes que se deciden rápido son las relativas a las remuneraciones de los políticos–, estas y otras consideraciones deben ser asumidas por el gobierno y los legisladores a la hora de asegurar una reforma del Código que mantenga la dignidad de los trabajadores y la apareje con criterios de eficiencia, calidad y prosperidad económica, que más que deseables, son necesarios en nuestro planeta en crisis.

Me permito agregar que la situación del país es tan crítica que las conductas generalmente sancionables (evasión, ocultamiento…) adquieren en nuestra República una dimensión justificada y hasta encomiable al constituir objetables reclamos contra la situación de zozobra nacional de nuestra economía. Objetables porque se parecen a los protestantes que incendian gomas para exigir servicios básicos, es decir, quebrantan el orden público para exigir que se cumpla a cabalidad lo que dicho ordenamiento manda. Es triste la situación nacional porque el abandono en que la clase política tiene al empresariado nacional, a los trabajadores y a los pobres de solemnidad motiva esta crisis de valores en la cual lo malo es justo y lo bueno tonto. Y, a pesar de todo, el gobierno aun así reclama que hacen falta mayores recaudaciones porque los fondos les son insuficientes para hacer su trabajo, o que hay mucha informalidad porque el sector empresarial no ha hecho buena labor de captación, o, como lo hace actualmente, trata de presentar las exenciones tributarias como causantes de la poca recaudación y la desigualdad entre empresas, todo esto mientras los funcionarios se desplazan en vehículos de alta cilindrada que pasaron aduana sin gravámenes. A la vez, tienen carteras abiertas de combustible, viáticos y gastos de representación, no se sabe si declaran impuestos, inscriben “botellas” en sus ministerios y ninguno de sus empleados está protegido por el régimen del Código Laboral.

En nuestra corta experiencia, nos sentimos incapaces de sugerir medidas que ayuden a la elaboración de un sistema de protección laboral más a tono con nuestras necesidades, pero no deja de ocurrírsenos que la sistematización y completa digitalización de los formularios laborales y demás aspectos registrales, incluyendo su gratuidad o la posibilidad del pago electrónico de los mismos, facilitaría su cumplimiento de parte de los empleadores, a la vez que proporcionaría al gobierno una fuente de datos importantes para desarrollar políticas públicas. Por otra parte, mucho más importante sería un esfuerzo por brindar claridad en cuanto a lo que la ley demanda del sector empleador, estableciendo programas graduales de educación desde la escuela y la universidad. Por último, y sin pretender exagerar, es necesario un cambio completo del sistema de protección laboral que contemple obligaciones simplificadas ya sea por distintas ramas, como el trabajo doméstico, de oficina, de construcción, de car wash, etc., o dependiendo del número de empleados o el capital que posea la empresa. Por igual, una flexibilización de obligaciones relativas al pago del salario (para facilitar el pago electrónico, el salario por ajuste…), a la carga de la prueba en los litigios, a las prestaciones laborales, al poder de dirección del empleador para permitir la posibilidad de recortar personal o redistribuirlo y el establecimiento de una sinergia entre seguridad social y prestaciones laborales son pasos importantes que podrían ayudar a paliar la conflictividad y excesiva litigiosidad que el modelo actual propicia. Respecto a esto, no debería preocuparnos que este sistema en general sea más difícil de comprender, el objetivo es que para cada tipo de empleador sea más fácil de aplicar. Las sociedades más avanzadas requieren de normativas cada vez más complejas, por lo que no hay que temerle a las leyes, pero esas leyes deben ser elaboradas a fin de regular la sociedad, no de transformarla contra los deseos de sus integrantes. Por igual, leyes más complejas requieren mayor transparencia en su aplicación, generalidad en su cumplimiento y educación de parte de sus afectados. Todo ello aparenta ser muy difícil, pero lograrlo es el reto que nos ha presentado este siglo y como ciudadanos responsables no podemos huir del él.

Pensar para proponer

Conversatorio de la Oficina Senatorial “Pensar para proponer: Educación para el crecimiento y la inclusión social. Retos y potencialidades en la República Dominicana”

Educación, la nueva panacea. Hace tiempo que venimos jugando con la idea de que la educación representa la solución a todos los males de la República Dominicana, así como antes lo fue el petróleo y después lo fue el turismo. En cierto grado, en cierto muy pequeño grado, la educación sí es la solución anhelada, mucho más rica y polivalente que las opciones anteriores, al menos en el sentido de que la explotación petrolera sólo requiere extracción y refinamiento (para lo cual hace falta ingenieros, que deben ser educados) y el turismo sólo requiere el muestreo de los atractivos propios de la isla, lo que de por si requiere infraestructura y capital humano diestro en cultura, historia, artes y todo lo demás que interese al turista, cosas a las que ciertamente beneficia una buena y completa educación.

Pero, si la educación es o no, todo lo que promete ser es tema para otro día. La razón primordial por la que me encuentro realizando este escrito es para hablar, tal como se establece en el título, de un encuentro celebrado en la PUCMM- Santiago el pasado jueves 19 de julio del 2012, a fin de escuchar al economista Javier Luque. Este experto peruano realiza, bajo la dirección del Banco Mundial, un estudio regional sobre la educación, tanto en cuanto a contenido, como a formas de educar y de los resultados del mismo quiso a hablar a los que quisieran escuchar, yo incluido. De ese encuentro quisiera resaltar tres cosas: los datos e ideas importantes arrojadas por el expositor, los comentarios producidos por los otros dos panelistas y la reacción del público presente.

No obstante, antes de dar inicio, me parece apropiado aclarar que la charla se celebró gracias a los auspicios del senador de Santiago, Julio César Valentín y que contaba con la presencia del rector de la PUCMM, Mons. Agripino Núñez Collado, del Senador y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez y, por supuesto, del mencionado senador Valentín. Como corolario SABEMOS que el público estuvo lleno de dirigentes políticos que querían dejarse ver o consideraron conveniente asistir, entre los que se encontraban Franklin Almeyda Rancier, Francisco Domínguez Brito, Tommy Galán (Senador por San Cristóbal), Petrouschka Muñoz y muchos dirigentes sindicales del profesorado y representantes de la Coalición Educación Digna. Como esperado, se inició tarde, los presentadores hablaron de más (restándole tiempo al expositor), se ratificó el compromiso ineludible del presidente electo, Ing. Danilo Medina, con el 4% y hubo muchas fotografías y saludos protocolares que limitaron el debate sustancioso.

Ya habiendo dicho lo anterior, iniciaremos con algunos puntos tratados por el expositor, Dr. Javier Luque. No hice un recuento sustancioso de lo expuesto, sino simplemente de lo que me llamó la atención:

El primer dato relevante es que en el 2005 la Oficina Regional de la UNESCO para America Latina y el Caribe realizó el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) que evaluó a todos los países de Latinoamérica, exceptuando a Puerto Rico y Panamá. Dentro de ese estudio no sólo quedamos en último lugar, como de seguro todos habían escuchado, sino que, y esto sonó extrañísimo, no había diferencia significativa entre las calificaciones obtenidas por los alumnos provenientes de hogares más pobres y más ricos. Esto suena excelente en términos de equidad social, pero visto más detenidamente, las consecuencias que trae son de las más nefastas de la región. Digo esto no sólo porque nuestro quintil más rico obtuvo las mismas calificaciones que el quintil más pobre del Salvador (segundo “peor” país), sino porque la igualdad de calificaciones entre ricos y pobres significa dos cosas: 1) El modelo educativo no sirve para enseñar, porque los hijos de los ricos reciben en promedio 4 horas de clases más a la semana y; 2) En la República Dominicana la educación no es vehículo de movilidad social porque a pesar de todos tener el mismo bajo nivel educativo, la brecha económica continua presente.

La única explicación que el experto peruano podía plantearse era que los hijos privilegiados no tomaron la prueba seriamente. Eso puede ser cierto, pero como el Dr. Luque desconoce la realidad dominicana no parece atisbar que los resultados tienen una falla de origen: él esperaba encontrarse con que los hijos de los ricos provinieran de familias con un horizonte cultural más elevado, lo cual no es necesariamente cierto ya que los profesionales e intelectuales dominicanos no constituyen la clase adinerada del país. De hecho, los hijos de poetas, sociólogos, historiadores, matemáticos, maestros etc., provienen de hogares mucho  más pobres que los hijos de comerciantes, terratenientes y políticos. En consecuencia, el horizonte cultural de los verdaderos ricos es igual de pobre que el de los auténticos pobres: consumo masivo, placer momentáneo, aspiraciones sensuales y sensoriales, etc., sólo que los ricos pueden satisfacer sus bajas aspiraciones, mientras que los pobres las anhelan. Si hay dudas respecto a esta deducción de mi parte, sólo hay que preguntarse quienes estudian filosofía, literatura y educación en las universidades y quienes estudian administración de empresas.

El segundo dato de sumo interés es la diversidad de empleos de la República Dominicana. Algunos lectores habrán de conocer la realidad cubana de doctores que ganan más como meseros o ingenieros que manejan taxis, pensando que en la República Dominicana estamos lejos de semejantes infortunios. Lamentablemente, lo cierto es que en los últimos 12 años nuestro país ha experimentado una revolución educativa positiva en cuanto a tasas de escolaridad y alfabetización, pero lamentablemente la progresión en la diversidad de empleos ha sido casi nula. Abundando respecto al tema encontramos que la disponibilidad de empleos que requieren análisis crítico, toma de decisiones o conocimientos especializados, ha permanecido casi estática en 12 años, a pesar de los avances de la ciencia y tecnología que la última década ha traído. En ese sentido experimentamos el círculo vicioso de que nuestras calificaciones en ciencias y matemáticas son pésimas y, por consiguiente, el país no atrae ni genera empleos técnico-científicos y, por otra parte, esa ausencia de empleos de alto nivel no motiva a la educación local a intentar alcanzar niveles más elevados de formación

Tercer punto, el gasto. El mismo cuento de todos los días, el famoso 4%. Existe una controversia en el debate público, generada por el PLD, de que un aumento de los fondos lo que causaría sería dilapidación de los mismos, pero lo cierto es que, en la actualidad, de todos los países de America Latina y el Caribe, R.D. ha sido el segundo que menos ha invertido proporcionalmente en educación. Sólo Bermudas ha invertido menos, tanto en relación al PIB, como en porcentaje del presupuesto nacional. No sólo eso, en relación a los países del mundo, viendo la media de lo que se invierte en educación con relación al tamaño de su PIB, la RD debería invertir mucho más simplemente para estar a la par con la media mundial (la cual incluye países más pobres que el nuestro).

Tratado el tema de lo planteado por el expositor, me gustaría ahora resaltar algunos de los aportes de los comentarías, Mercedes Hernández y Rafael Toribio, figuras con distinguido trayecto en el área de la educación.

Lo primero es que el valor de Mercedes Hernández es inspirador y esclarecedor, ya que en presencia de los funcionarios antedichos se atrevió a decir que los Directores Regionales de Educación no son ni gerentes ni docentes, sino politiqueros. Posteriormente abundó durante 18 minutos (le dieron 10 para hablar) acerca de cómo la burocracia impide la buena gestión de los ya de por si escasos recursos y de cómo el Ministerio de Educación se encuentra sobrecargado con tareas administrativas y hasta de  construcción, que le impiden enfocarse en mejorar el modelo educativo actual.

Continúo Rafael Toribio, quien resaltó lo siguiente:

1-      Los estudiantes de escuelas públicas suelen perder hasta un mes de clase cada año por tardanza, huelga o días sin docencia. Ante este panorama, preocupa que los padres no se preocupen porque sus hijos pierdan clases.

2-      A pesar de tener pruebas nacionales, las mismas no son aprovechadas por las autoridades. Lo que es más, no sólo en educación, sino que frente a todo resultado desfavorable, o nuestras autoridades lo descartan o intentan restarle mérito, asegurando que se trata de una campaña de descrédito para el país.

3-      Los beneficios de la carrera de educación y el bajo de nivel de requisito para graduarse de ella motiva solamente a aquellos que se ven imposibilitados de ingresar a otra carrera. ¿Cómo es que a los padres dominicanos no les importa que a sus hijos les enseñen personas descalificadas?

Por último, se permitió la participación de cinco miembros del público, los cuales estaban supuestos a hacer preguntas, pero prefirieron hacer uso del espacio para exponer sus ideas personales. La primera intervención estuvo a cargo de Franklin Almeyda Rancier quien destacó dos puntos muy preocupantes, cada uno a su propia manera:

1-      La tendencia mundial de la educación es que ésta debe favorecer la empleomanía. En contraparte el poeta Ramón Tejeda Read dijo en una entrevista que en lugar de carreras que defiendan o administren la riqueza ajena (administración, derecho, etc.), es bueno que el país fomente carreras que creen riqueza propia (literatura, sociología, filosofía, etc.).

2-      El que visita un barrio se da cuenta que la escuela y el barrio están de espaldas una con el otro. Los centros escolares parecen bunkers, con altas paredes, alambrado de púas y vigilancia permanente. Es cierto que esto nos habla del problema de la inseguridad, pero también de la irreverencia y la alienación. La escuela no significa nada para los que estudian en ella, ni para los que envían a sus hijos a ella. Ya no es un centro de alto valor y orgullo para la comunidad, ni siquiera forma parte del patrimonio comunitario cuya depravación nos duela a todos, sino que la escuela pública representa actualmente un plantel colocado unilateralmente por un gobierno que no escucha a la población para que los niños deban ir obligado a perder el tiempo y gastar dinero en uniformes y libros.

La segunda intervención correspondió a Víctor García de la Asociación Dominicana de Profesores, persona poseedora de una de las voces más resonantes que he tenido el privilegio de escuchar, la cual, además, se acrecentaba por arte del micrófono que fue puesto en sus manos. Dijo, por igual, dos cosas preocupantes:

1-      No está de acuerdo con la caracterización del profesorado como incapaz, resaltando que en la actualidad muchos profesionales de otras ramas se han inscrito en programas de habilitación docente para aprender la pedagogia necesaria para enseñar. Lo preocupante de esto es, por supuesto, la ausencia de autoevaluación de todos los líderes dominicanos, independientemente de su sector, lo que constituye una demagogia.

2-      Lo segundo es que quien toma las mayores decisiones educativas del país es el presidente de la República, el cual es llevado al poder por un partido político y por el trabajo de dirigentes como él (Victor Garcia), a los cuales no puede darles la espalda una vez en el poder. Siendo así las cosas, todos en este país somos políticos y si la señora Mercedes Hernández quiere eliminar la política de la educación, será ángeles que deberá traer del cielo a ocupar los cargos de directores regionales. Tristemente concuerdo con él al 100% y si queremos acabar con el sectarismo en la educación debe gestar un cambio del paradigma no sólo dentro del Ministerio, sino dentro todo el esquema gubernamental dominicano.

El tercero en tomar la palabra fue un periodista que, además, representa a la Asociación Dominicana de Ciegos. Su idea es clara: hay matriculación de muchos en el sistema escolar, pero hay poca inserción porque muchos se van o se quedan sin querer, y definitivamente no hay inclusión total, porque ninguna escuela del país, ni pública ni privada, se encuentra totalmente habilitada para los discapacitados, lo cual, francamente, es una vergüenza muchas veces ignorada y olvidada.

El cuarto participante fue un individuo oscuro (de dudosa apariencia) que habló de manera descarrilada. Al primer momento que pudo, la maestra de ceremonias le dio la palabra a la ex vice-alcaldesa Petrouschka Muñoz, quien con su extraño acento aseguró tener una pregunta que hacer, pero que debido al decepcionante espectaculo que se estaba llevando a cabo en el auditorio, no le restaba más que decir que el país se encuentra en emergencia y que nosotros mismos requerimos de mejor educación, de 4%, pero desde la cuna. Comentario atinado, pero improcedente, dado, en mi opinión, para aparentar rectitud y preocupación ante el foro, esperando que la gente la viera y aprobara de su conducta, generando así una percepción positiva entre los presentes. Fútil iniciativa, si me preguntan.

Después de la intervención de Petrouschka quedó finalizada la actividad, por lo que me quedé con muchas preguntas que me hubiese gustado responder a través de los expositiores. Entre ellas mencionaria las siguientes:

1-      Podria implementarse en dominicana el sistema de gerencia privada de escuelas públicas, como se hace en el Hermano Miguel. Bajo este sistema, los maestros reciben su salario del Ministerio y se utilizan fondos públicos para algunas construcciones, pero el director es nombrado por una organización no gubernamental, la escuela tiene políticas de contratación propias y un curriculum académico especializado, a la vez que los estudiantes deben pagar un poco para gozar de beneficios no disponibles en las escuelas públicas, como limpieza, electricidad, programas de deporte funcionales, etc.

2-      ¿De que manera puede la educación ayudar a asegurar igualdad de oportunidades y movilidad social vertical de la República Dominicana, o eso es una utopia?

3-      ¿Cuáles son sus recomendaciones a la hora de aplicar un presupuesto de 4% del PIB (actualmente tenemos 1.8), es decir, cuales son los gastos que más aportan a la educación integral y calidad de vida de los estudiantes? En la misma línea, que espacio debe dársele a la educación artística, la filosofía, la cultura popular y otras ramas del conocimiento no necesariamente atractivas para la empleomanía?

4-      Entre otras como: ¿Cuál es el salario ideal de los educadores? ¿Cuántas aulas y maestros hacen falta para abastecer la demanda y por que no los tenemos? ¿Debe la educación continuar siendo gratuita?, etc.

A modo de conclusión, sólo me gustaría citar al doctor Luque quien nos decia que la falta de educación nos afecta en más cosas que en la economia, sino también en la vida en sociedad y en la autoeficacia de cada uno de nosotros. Una vez entendido esto, nos corresponde abordar el tema seriamente e intentar llegar un acuerdo sobre el modelo educativo que queremos para el país y que requerimos para lograrlo. Por mi parte apruebo del curriculum actualmente impartido en la tanda regular de cinco horas diarias, como constitutivo de formación básica que todo individuo moderno debe tener. A la vez abogo por mayor inclusión de psicólogos y educadores profesionales en las escuelas, aparejado esto con una mayor inversión en el personal docente y en la habilitación de los planteles para una educación inclusiva. Finalmente, los padres deben jugar un rol superior al maestro, pero aliado a sus intereses educativos, iniciando la educación en casa y consolidando lo aprendido en la escuela.

De las bailarinas y la campaña política

 

La "corrección de lo que está mal" y sobre todo "el continuismo de lo que está bien". Me parece absurdo que un partido que pretende basar su campaña en los supuestos valores de sus integrantes y candidatos utilice burdamente el atractivo lascivo de la carne para incentivar a los jóvenes machos a concurrir a sus manifestaciones. ESO NO ES EDUCACION, SINO CORRUPCION DE LA CIUDADANIA.

Como opina Alba Mercedes, si el candidato fuera un patán podría excusarse este tipo de campaña, pero siendo una mujer quien se postula para la vicepresidencia, cabe preguntarse si no le avergüenza ver su imagen asociada a este tipo de manifestaciones.

Por otra parte, es cierto que las bailarinas sólo hacían su trabajo, recibiendo un pago por atraer con su encanto físico la presencia de muchos jóvenes varones, por lo que su actitud no debía de avergonzarlas a ellas. Así como las porristas, su presencia no aporta al desarrollo del juego, pero si ayuda a convertir el deporte en NEGOCIO, motivando a muchos hombres a comprar las boletas para asistir al encuentro deportivo. Aquí yace el gran escándalo. No se trata simplemente de la cosificación de la mujer (que de por sí es un mal en si mismo, presente en otros estamentos), sino de la comercialización de la política por parte de los candidatos: No se trata de cuantas conciencias puedo despertar, sino de cantidad de espectadores puedo amasar, a fin de aparentar liderazgo. De esa manera no se transforma la sociedad, sino que se le utiliza, se le engaña y después se le descarta, dejándole como único aporte, el morbo.

Este tipo de manifestaciones no es privativo de la República Dominicana, sino que lo vimos hace algunos años en el auge de funerales chinos que incluían presentaciones de strip-tease. Esta realidad no sirve como elemento justificador, sino como muestra que ni siquiera en las malas costumbres somos capaces de expresar originalidad.

Esta entrada es privada

Comentario de una sentencia aciaga

Cometario a una sentencia aciaga

Par ponernos en contexto querido lector, le diré que la Ley 12-01 dispuso en su artículo 9 que: “Se modifica el párrafo I del artículo 297 del Código Tributario, para que en lo adelante disponga de la siguiente manera: Párrafo I: Independientemente de las disposiciones del artículo 267 de este código, el pago mínimo del Impuesto Sobre la Renta de las entidades señaladas en dicho artículo será del uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos brutos del año fiscal.” Asimismo, la referida Ley en su artículo 11 dispuso que: “Se modifica el párrafo IV del artículo 314 del Código Tributario, para que donde dice Pago del Anticipo, diga Pago Mínimo y que por último, la Ley 147-00 en su párrafo VII que dispuso que “las disposiciones del párrafo I y siguiente del presente artículo entrarán en vigencia a partir de la promulgación y publicación de la ley por un período de tres (3) años”. En resumen, dichas leyes ley obligaban a todas las personas jurídicas dominicanas a, desde el 2002 al 2004, pagar un Impuesto Sobre la Renta mínimo de 1.5% sobre su renta bruta, es decir, sobre el total de todos sus ingresos. Esta disposición estableció efectivamente una presunción jure et de jure de que todas las personas jurídicas del país iban a producir ganancias durante esos tres años.

Nuestra Suprema Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a la Constitucionalidad de esta desafortunada ley en la que sólo puede ser calificada como una desafortunada sentencia. Veamos en lo adelante un fragmento de la misma:

Considerando, que el pago mínimo del 1.5% de los ingresos brutos por concepto de Impuesto Sobre la Renta, cuya constitucionalidad es cuestionada por la recurrente en los medios que se examinan, constituye una obligación tributaria instituida por uno de los poderes públicos, en ejecución de las atribuciones que la entonces vigente Constitución de la República, en su artículo 37, delega al Congreso Nacional, entre ellas, la de establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión; que en ejercicio de este mandato, el Congreso Nacional aprobó las Leyes núms. 147-00 y 12-01, que modifican el Código Tributario y que establecieron por una vigencia de tres (3) años la obligación del pago mínimo del Impuesto Sobre la Renta ascendente al 1.5% de los ingresos brutos del año fiscal, aplicable a las personas jurídicas contempladas en el artículo 297 del mismo código, con la finalidad de crearles un régimen especial o extraordinario dentro del propio Impuesto Sobre la Renta, basado en una presunción legal de ganancias que no admite pérdidas, ya que se traduce en la obligación de efectuar el pago mínimo, tomando como parámetro los ingresos brutos de dichos contribuyentes;

Considerando, que de lo anterior se desprende que, contrario a lo que alega la recurrente en el sentido de que el pago mínimo del 1.5% de los ingresos brutos es injusto, expropiatorio y discriminatorio, que violenta la seguridad jurídica de los contribuyentes, así como la legalidad tributaria, esta Suprema Corte reitera el criterio establecido en decisiones anteriores en el sentido de que esta obligación está acorde con los preceptos instituidos por la Constitución para la Tributación, al emanar del poder público que goza de supremacía tributaria, como lo es el Congreso Nacional, que al tenor de lo previsto por el numeral 1) del artículo 37, tiene la exclusividad de legislar en materia tributaria, lo que incluye no sólo crear el impuesto sino también regular sus modalidades o formas de recaudación y de inversión; que en la especie, cuando el legislador instituye la obligación del pago mínimo, como un régimen especial y extraordinario dentro del mismo Impuesto Sobre la Renta, pero con características propias e independientes de éste, no ha hecho más que ejercer su atribución tributaria para establecer modalidades de pago distintas, frente a situaciones desiguales, lo que no es injusto, expropiatorio, ni discriminatorio, ni muchos menos violenta la seguridad de los contribuyentes, como pretende la recurrente, al no tratarse de una obligación que proviene de la fuerza o de la arbitrariedad del Estado, sino que se basa en una relación de derecho derivada del ejercicio de la prerrogativa que el ordenamiento jurídico le concede al legislador mediante la Constitución, para establecer modalidades con respecto a la tributación, a fin de darle forma jurídica y legal a uno de los deberes fundamentales de toda persona en sociedad, como lo es el contenido del entonces vigente artículo 9, inciso e) de la propia Constitución, que establece la obligación de “contribuir en proporción a su capacidad contributiva para las cargas públicas”, lo que conlleva que, sin atentar contra el principio de la igualdad de todos ante la misma norma y sin que luzca injusto ni discriminatorio, se puedan establecer leyes que decreten una forma de tributación distinta para determinados segmentos de la sociedad, que por sus circunstancias particulares no puedan estar sujetos a las normas de la colectividad en general, ya que el deber antes citado se corresponde con el aforismo que reza: “Igual tributación para los iguales y desigual para los desiguales”, que es la aplicación correcta de los principios de equidad y progresividad, dos de los pilares en que se fundamenta la tributación, los que implican que los tributos no pueden ser justos sino en la medida en que se trate de manera desigual a los desiguales, ya que la progresividad tiene por finalidad establecer una mayor carga tributaria para aquellas personas que poseen una mayor capacidad económica, de manera que haya igualdad en el sacrificio por el bien común, lo que en la especie ha sido acatado por el legislador al instituir la obligación del pago mínimo sobre un segmento de contribuyentes, y esto tampoco altera ni violenta la seguridad jurídica de los mismos, al tratarse de una norma que conlleva una nueva modalidad de tributación dentro de un impuesto preexistente, creada dentro de la competencia que el legislador tiene en esta materia, que lo faculta para usar su poder de dictar disposiciones que garanticen el recaudo oportuno de los ingresos fiscales; que por lo expuesto, no ha lugar a declarar como no conforme con la Constitución la obligación del pago mínimo, por lo que se rechazan los medios examinados por improcedentes y mal fundados;

Los argumentos de nuestro más alto tribunal son básicamente dos: 1) La ley 12-01 no es inconstitucional porque proviene del Congreso, órgano facultado por la Constitución para establecer tributos soberanamente y 2) la ley 12-01 no es discriminatoria porque impone cargas más pesadas a un sector “que por sus circunstancias particulares no pued[e] estar sujeto[] a las normas de la colectividad en general”. De manera breve pretendemos demostrar que dichas líneas argumentativas son falsas y que la ley 12-01 es inconstitucional por contradecir los principios de razonabilidad, no confiscatoriedad y capacidad contributiva.

Para comenzar, el principio de razonabilidad se encuentra consagrado en el artículo 40 numeral 15 de nuestra Constitución y establece que “La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”. En ese sentido, nos preguntamos, si el artículo 268 del Código Tributaria dispone que “Se entiende por “renta”, a menos que fuere excluido por alguna disposición expresa de este Título, todo ingreso que constituya utilidad o beneficio que rinda un bien o actividad y todos los beneficios, utilizados [sic] que se perciban o devenguen y los incrementos de patrimonio realizados por el contribuyente, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación.” ¿Cómo pretende, entonces, cobrarse Impuestos Sobre la Renta incluso cuando no exista utilidad o beneficio o incremento de patrimonio, sino más bien pérdidas y disminución del patrimonio? Obviamente, aunque la ley misma disponga tal fechoría, no se trata de algo justo y útil para la comunidad.

El principio de no confiscatoriedad, desarrollado en el artículo 51 numeral 1 de la Constitución, establece que: “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social”. Si los tributos son justos en la medida que se conmina a las personas a contribuir con el bien común en función de lo que tienen (para recibir a cambio en función de lo que necesitan), no es justo entonces que una persona que no devengó ganancias deba contribuir como si lo hubiese hecho.

Esto nos lleva directamente al tercer principio Constitucional violentado, el de capacidad contributiva. En palabras del artículo 75 numeral 6 de nuestra Carta Magna, es deber fundamental del dominicano: “Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas”. No es justo y útil que se presuma de manera irrefragable que una persona aumentó su patrimonio durante 3 años consecutivos y no se acepte prueba en contrario.

Quisiera finalizar resaltando tres errores nefastos de esta ley y esta sentencia:

El primero es que, ciertamente, el Congreso tiene derecho a, como dice la aciaga sentencia estudiada, tratar de manera desigual a los desiguales. Sin embargo, en este caso la ley no distinguió efectivamente entre los contribuyentes de este desproporcionado tributo, puesto a que la disposición estudiada no sólo afectaba a empresas ubicadas en un sector económico específico que hubiera experimentado algún auge en particular, sino que gravaba por igual a todas las personas jurídicas del país, creando efectivamente una discriminación entre grandes y pequeños, sectores dinámicos o durmientes y empresas de alto capital comparadas con las de bajo capital. Todo ello tendente a destruir empresas pequeñas o de sectores particularmente rezagados.

Lo segundo es que, aunque la tasa de 1.5% es relativamente baja si la comparamos con la cifra del 25%, la cual era la tasa vigente en esa época, el sólo hecho de cobrarla incluso a sociedades que incurrían en perdidas, constituye una violación a la ley y los estudiados principios constitucionales. Por otra parte, los ingresos brutos que constituyen la base imponible de dicho 1.5% son muy superiores a cualquier renta neta que cualquier compañía pudiera devengar. A modo de ejemplo diremos que una empresa constructora realiza 3 proyectos en un año con un gasto de 90 millones de pesos. Cuando recibe el pago de sus contratantes, el mismo alcanza los 100 millones de pesos. Ganó 10 millones de pesos, en razón del servicio de construcción (el cual paga 16% de ITBIS, pero eso no viene al caso). Su renta bruta es por tanto 10 millones y el 1.5% de ese monto es 150 mil pesos, lo cual no parece mucho, pero  imaginemos que las deudas que tenia que saldar ese año por de gastos en equipos para la construcción, remodelación del local, servicios de publicidad, etc. (todos ellos sujetos también a ITBIS o a otros impuestos), alcanzaron 10 millones de pesos, entonces la declaración jurada de la compañía por ese año es cero ingresos y aun así tiene que pagar 150 mil pesos de impuestos sobre la renta. Y si en lugar de ser una empresa de servicios, fuese una empresa desarrolladora, la cual financió ella misma los 90 millones iniciales para construir unos apartamentos y los haya vendido a 100 millones, su renta bruta seria 100 millones y no sólo 10, tendría entonces que pagar millón y medio de impuestos, aunque no tuviera ganancias ese año. ¿Es eso justo y útil?

Lo tercero es que, como medida de administración tributaria, el artículo 287 del Código Tributario en su párrafo VIII, literal k, permite a los contribuyentes compensar las pérdidas de un ejercicio fiscal con los ingresos devengados en el ejercicio siguiente hasta por 5 años. Es decir, si en un año la empresa perdió 5 millones, los primeros 5 millones que gane el año entrante estarán libres de impuestos. Sin embargo, la fatídica sentencia estudiada ha dejado bien claro lo siguiente (en un acápite posterior al fragmento estudiado): Esta presunción no acepta la existencia de pérdidas, porque en el caso de aceptarlas dejaría de configurarse como un impuesto mínimo. La presunción del impuesto mínimo establece una renta mínima y por defecto, al mismo tiempo limita las deducciones admitidas, lo que implica no deducir ni compensar las pérdidas de períodos fiscales anteriores ni de los períodos durante su vigencia. Tal interpretación exegética tiene como objetivo único saciar el apetito voraz del fisco en detrimento de los contribuyentes dominicanos, destrozando todo derecho adquirido en virtud de los principios de razonabilidad, no confiscatoriedad y capacidad contributiva

Gracias prudente lector por haberse tomado el tiempo para leer este, de seguro aburrido artículo. Quisiera terminar con el mensaje de que es necesario entender que el Gobierno no es un ente soberano que dispone con crueldad o con misericordia para sus súbditos indefensos, sino que se trata de una instancia más de las que conforman nuestro Estado y que, por consiguiente, se encuentra sujeto al control de la Constitución, Ley Suprema de la República Dominicana. A medida que entendamos el rol y los poderes limitados de la Administración, graves violaciones a nuestros derechos como la anterior e incluso los nocivos anticipos, terminarán por desaparecer.

Algunos artículos que no se cumplen de la Constitución

Algunos artículos que no se cumplen de la Constitución

La Constitución es letra viva, ¿cierto? Bueno, a continuación les expondré brevemente algunos puntos contenidos en nuestra Carta Magna que a mi entender están siendo ignorados. Nos corresponde a todos los ciudadanos conocer nuestra ley fundamental y las conquistas que ésta representa para los dominicanos como pueblo. El país, lamentablemente, solo avanzará en la medida de que los ciudadanos se empoderen de sus derechos y los reclamen y le exijan al gobierno (aunque no debiéramos tener) que cumpla con el mandato de su mandante, el pueblo.

Artículo 10.- Régimen fronterizo. “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano.” http://www.hoy.com.do/el-pais/2010/11/30/352104/Haitianos-heridos-de-balas-en-incidente-en-la-frontera

http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/el-colera-traspaso-la-frontera-de-haiti%EF%BF%BDy-llego-santo-domingo-y-florida

http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=269156&l=1

Con el cólera en medio de nosotros hace mucho, balaceras diarias en la frontera y haitianos que confirman pagan RD$5,000.00 pesos para entrar, creo que el desarrollo de la frontera se nos ha salido de las manos y lo que impera es aprovecharse de la miseria de otros.

Artículo 14.- Recursos naturales. “Son patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico.”

http://soeci.org/web/2010/03/nota-de-prensa-contrato-barrick-gold/ Aparentemente el contrato con la Barrick Gold establece que ellos solo pagaran cuando hayan recuperado su inversión y obtenido un 10% de beneficio, no les impone ninguna obligación de limpiar el desastre dejado por la Rosario Dominicana ni el suyo propio. Goza con privilegios absolutos respecto al uso de las aguas de la zona, exención total de impuestos, imposibilidad del Ministerio de Medio Ambiente de cambiar su Programa de Manejo Adecuación de Recursos a pesar que los sulfuros utilizados elevan la acidez del suelo y las aguas (pues el oro se extrae llenando de ácido sulfúrico el suelo) y derecho unilateral a rescindir el contrato sin implicaciones legales. Si, los recursos naturales son patrimonio de la nación.

Artículo 15.- Recursos hídricos. “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación.”

“Párrafo.- Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas.” http://osirisdeleon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=237:geologo-culpa-al-estado-de-extraccion-de&catid=60:agregados&Itemid=184

Vemos aquí el cuidado esmerado a los recursos hídricos y las cuencas de ríos.

Artículo 17.- Aprovechamiento de los recursos naturales. “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables, sólo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. En consecuencia:”

http://www.diariodigital.com.do/articulo,58601,html Al enfermarse miles observamos los criterios ambientales sostenibles en acción.

“d) Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales serán dedicados al desarrollo de la Nación y de las provincias donde se encuentran, en la proporción y condiciones fijadas por ley.”

http://osirisdeleon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=606:osiris-de-leon-explica-desventajas-del-contrato-con-la-barrick-gold&catid=30:barrick-gold&Itemid=214

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica; http://www.almomento.net/news/127/ARTICLE/74993/2010-11-30.html

16) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados; http://noticias.latam.msn.com/xl/internacional/articulo_efe.aspx?cp-documentid=26032829 Vamos para allá, pero nos falta

Artículo 218.- Crecimiento sostenible. La iniciativa privada es libre. El Estado procurará, junto al sector privado, un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de precios, tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar social, mediante utilización racional de los recursos disponibles,

http://www.lanacion.com.py/articulo.php?competitividad-dominicana-ha-retrocedido&edicion=1&sec=63&art=3203